El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’, ha asegurado ante el juez de instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que la exmilitante socialista Leire Díez le pidió información sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) y le habló expresamente de la necesidad de llevar a cabo “una purga” dentro del instituto armado. Villalba compareció este miércoles como testigo durante una declaración que se prolongó por una hora y veinte minutos, en la que ratificó las anotaciones que él mismo tomó tras reunirse con Díez el pasado mes de marzo.
Según fuentes presentes en la declaración, el comandante —que se encuentra investigado desde hace un año por presuntamente haber recibido pagos del empresario Víctor de Aldama, considerado uno de los intermediarios de la ‘trama Koldo’— se reunió con Díez en dos ocasiones, los días 10 y 26 de marzo de 2025. Ambos encuentros se produjeron cuando Villalba ya estaba bajo investigación judicial.
Reuniones anotadas en el sumario
De esas reuniones, el agente elaboró una serie de notas que ya figuran incorporadas al sumario y en las que refleja las peticiones y ofrecimientos que, según su versión, le hizo Leire Díez. En ellas, la exmilitante le habría planteado la posibilidad de “desmontar la Guardia Civil” y habría señalado la existencia de presuntas irregularidades entre ciertos mandos del cuerpo.
Villalba ha explicado ante el juez que Díez le mencionó a “los de arriba”, refiriéndose a “el uno del partido y el uno del Gobierno”, sin concretar nombres. También aseguró que la mujer le habló de la necesidad de realizar una “purga” en la Guardia Civil, aludiendo a determinados agentes que, según ella, trabajaban para intereses empresariales o personales ajenos al servicio público.
Entre las afirmaciones que el comandante recogió en sus notas figura que algunos guardias civiles estarían a sueldo de empresarios, que otros frecuentarían a mujeres prostituidas o que determinados efectivos actuarían en beneficio de la compañía Repsol, siempre según lo reflejado en el sumario.
Ofrecimientos y advertencias
En su declaración, Villalba relató que la exmilitante socialista le ofreció convertirse en testigo protegido contra mandos del instituto armado o incluso ser mano derecha de la directora general de la Guardia Civil, si aceptaba colaborar en lo que ella denominó “una reorganización interna”. Según su testimonio, Díez también le habría propuesto cambiar de abogado, prometiéndole hacerse cargo del coste de su defensa jurídica.
Asimismo, la exmilitante le habría hablado de que existían gestiones en curso para anular varias causas judiciales mediante la impugnación de grabaciones obtenidas presuntamente de manera irregular. De este modo, insinuaba que se buscaba invalidar pruebas que afectaban tanto a la Guardia Civil como a la propia Fiscalía.
El comandante ha señalado que ambas reuniones se produjeron por intermediación de un colaborador de la Guardia Civil, y que fue él quien propuso celebrar los encuentros en un bar, en lugar de acudir al despacho del abogado del exasesor ministerial Koldo García, implicado en la trama. De la reunión del día 26 de marzo existe una grabación de vídeo sin sonido, que también forma parte de las diligencias.
Declaraciones previas y próximas citaciones
Villalba fue el último en declarar este miércoles ante el juez Zamarriego, tras las comparecencias de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, quienes ratificaron sus denuncias por presunto intento de soborno. En el caso de Stampa, el fiscal aportó además la grabación de un encuentro con Leire Díez, mantenido el pasado 7 de mayo, como parte de las pruebas que sustentan la investigación sobre las supuestas maniobras dirigidas contra la UCO, la Fiscalía y algunos jueces.
El juzgado madrileño mantiene en el centro de la investigación a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol, por su presunta participación en esas maniobras de descrédito y obstrucción.
El magistrado Arturo Zamarriego ha fijado para el próximo martes, 11 de noviembre, las declaraciones de los investigados, junto a las de media docena de periodistas que serán citados en calidad de testigos. Las diligencias buscan esclarecer el alcance de los contactos mantenidos entre los implicados y la posible existencia de una trama organizada para condicionar o interferir en las investigaciones de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal.
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