Sin alternativa habitacional para Maricarmen: en lista de espera en los recursos del Ayuntamiento de Madrid, a 24 horas de su inminente desahucio

Maricarmen lleva 70 años viviendo en la misma casa, ubicada en el barrio de Ibiza, perteneciente al distrito madrileño de Retiro. A sus 87 años, se enfrenta a un inminente desahucio contra el que lleva luchando desde 2020: “Maricarmen ha anunciado su decisión de permanecer en casa cueste lo que cueste”, afirma el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

El desahucio está previsto para mañana, miércoles 29 de octubre, por lo que los vecinos del barrio y de otras partes de Madrid se han movilizado para intentar frenarlo. “Ella lo ha dicho alto y claro: no lucha solo por ella, lucha por todas nosotras, porque solo vamos a conquistar el derecho a la vivienda organizadas”, escribía el sindicato en su cuenta de X tras la movilización que tuvo lugar el pasado lunes.

En la misma vivienda desde 1956

Son estas horas clave para Maricarmen, pero el periplo judicial y la historia de la vecina en la vivienda de Retiro comienza mucho antes. Era 1956 cuando su padre firmó un contrato de arrendamiento de la casa ubicada en la calle del Alcalde Sainz de Baranda. Cuatro años después, con la muerte del cabeza de familia, su madre se subrogó al contrato de alquiler.

En 2005, cuando falleció su madre, Maricarmen heredó el contrato bajo las mismas condiciones: una renta que se actualizaba cada año en base al Índice de Precios al Consumo (IPC) más otros gastos como el Impuesto de Bienes Inmuebles. Así ha vivido durante 20 años, pero en 2018 todo cambió.

La familia propietaria decidió vender el edificio a uno de los grandes holdings inmobiliarios de España, Renta Corporación, y dos años después se le ofreció a Maricarmen comprar el piso. Ella, pensionista sin ingresos muy altos, no pudo hacerlo, por lo que “al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta”, fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias, explican desde el Sindicato de Inquilinas.

Estos nuevos propietarios alegaron que el contrato de la vecina debería haberse extinguido en 2007, puesto que las segundas subrogaciones de contratos de renta antigua (anteriores a 1995) solo pueden tener una duración de dos años. Y es que el problema reside en que, durante el franquismo, las mujeres, no consideradas personas con plenos derechos, no podían ser titulares de la vivienda. Así, la madre de Maricarmen tuvo que pactar una primera subrogación tras la muerte de su marido y, con su fallecimiento, la vecina de 87 años sería la segunda. Sin estas leyes franquistas, la madre y el padre de Maricarmen habrían podido ser ambos los titulares y ella tendría ahora la primera subrogación (con carácter vitalicio).

Existe una excepción a la duración máxima de dos años para la segunda subrogación: que el descendiente conviviente tenga una discapacidad superior al 65 %. “Maricarmen, a sus 87 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de ‘tan sólo’ el 50 %, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas.

Así, llegaron a los tribunales: en primera instancia, la justicia le dio la razón, pero los propietarios recurrieron la causa hasta el Tribunal Supremo, que en marzo de 2025 falló a favor de la empresa.

Incremento del 275 % en el alquiler

Hasta ahora, Maricarmen pagaba por su vivienda un alquiler de 440 euros. Sin embargo, tras la compra del edificio por el holding inmobiliario, los precios se dispararon. El resto de los apartamentos del inmueble se alquilan ahora por alrededor de 2.650 euros; a Maricarmen, que recibe una pensión de 1.450, Urbagestión “le hizo un favor” y se lo dejó en 1.650 euros, cifra que sigue siendo superior a sus ingresos y que supone un incremento de un 275 %.

Por el momento, según explicó la propia Maricarmen en la movilización del lunes y ha confirmado el Sindicato de Inquilinas a Infobae España, la única alternativa que el Ayuntamiento de Madrid le ha ofrecido a la afectada es la inclusión en las listas de espera de sus recursos: una residencia pública o un piso tutelado.

Pese a ello, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, indicó recientemente que “no le consta” que Maricarmen hubiese acudido a los servicios sociales solicitando ayuda y le ha recomendado que notifique el problema, algo que la vecina ya ha hecho con anterioridad. “Que se ponga en contacto con la Junta Municipal de Retiro, donde estoy seguro de que ante una situación de estas características, con 87 años y más de 60 en esa vivienda, nuestros servicios sociales sabrán darle la orientación y los recursos necesarios para poder sobrellevar esta situación”.

Quedan menos de 24 horas para que llegue la cita del desahucio, programado a las 10.30 horas del miércoles 29 de octubre. Con el objetivo de intentar frenarlo y de que “el caso llegue a cada rincón de Madrid”, el Sindicato de Inquilinas ha realizado una convocatoria pública a partir de las 8.30 horas de ese mismo día.