El caso de Sandra Peña, la joven sevillana cuyo suicidio conmocionó al país esta última semana, no ha sido un hecho aislado. En los últimos meses, varias familias han denunciado públicamente la muerte de sus hijos tras sufrir acoso escolar. La más reciente es la de Dani Quintana, un adolescente de 15 años de Almacelles (Lleida) que se quitó la vida el pasado julio, según ha hecho público la asociación Trencats, presidida por José Manuel López Viñuela, padre de Kira, otra víctima de acoso.
El joven era alumno del Institut Canigó de la localidad, donde, según el relato de su familia y de la asociación, sufría una situación prolongada de acoso y violencia escolar: le robaban o rompían el material, le aislaban durante el recreo y, en ocasiones, incluso le amenazaban con una navaja. Pese a las reiteradas advertencias de su madre, Marina, el centro habría restado importancia a los hechos.
La inspección educativa descarta “evidencias claras”
De acuerdo con la información difundida por Trencats, la Inspección educativa respondió recientemente que el instituto no había encontrado “evidencias claras” de acoso escolar en el caso de Dani, una valoración que la asociación denuncia como una muestra de inacción institucional. Según López Viñuela, este tipo de respuestas se repiten en muchos casos y contribuyen a encubrir situaciones de violencia en las aulas, al no garantizar que los centros activen todas las medidas de protección desde el primer aviso.
La organización subraya que la falta de actuación de los centros y de la administración tiene consecuencias devastadoras y reclama una revisión profunda de los protocolos de detección y respuesta al acoso escolar. “Decir que no hay evidencias claras es admitir que no se actuó”, sostienen desde la entidad, que insiste en que existen testigos de lo ocurrido.
Trencats, una asociación que lucha contra el acoso escolar, advierte además de un patrón que se repite: los casos solo obtienen respuesta institucional cuando se hacen públicos a través de los medios. “Parece que solo la exposición mediática logra que las consejerías de Educación reconozcan la falta de actuación de los centros”, lamenta el presidente de la asociación, que pide a la sociedad apoyo y difusión para que la historia de Dani no caiga en el olvido.
51 casos de acoso escolar detectados en Lleida en dos cursos
Los datos oficiales también reflejan un aumento preocupante. Según una respuesta parlamentaria de la consellera de Educación, Esther Niubó, el departamento ha detectado 51 casos de acoso escolar en las comarcas de Lleida entre los cursos 2022-2023 y 2023-2024. En el primero de esos cursos se registraron 15 casos, todos en el llano de Lleida, mientras que en el segundo la cifra se elevó a 36, de los cuales 8 correspondían al Alt Pirineu i Aran y 28 al llano.
El incremento global en solo un año ha sido del 140%, una subida muy por encima de la media catalana. En el conjunto de Cataluña, los casos detectados pasaron de 402 a 1.358 en el mismo periodo, lo que evidencia una tendencia al alza en todo el territorio.
A pesar del aumento, Lleida sigue presentando uno de los índices más bajos de Cataluña, solo por delante de las Terres de l’Ebre, donde se contabilizaron 11 casos. No obstante, asociaciones y familias insisten en que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema, ya que muchos casos no se comunican o no llegan a ser reconocidos como acoso por las inspecciones educativas.
Una lista que crece: Kira, Sandra, Daniela, Lucía, y ahora Dani
El caso de Dani Quintana se suma al de Sandra Peña, cuya muerte puso de nuevo el foco sobre el acoso escolar en España. Pero no son los únicos nombres. Desde Trencats recuerdan que en los últimos años han fallecido otros jóvenes —Kira, Daniela, Lucía, Alejandro, Laura, Claudia, Óscar, Ilan, Adam, Diego, Carla, Alan, Hugo, Alana o Jokin, entre otros— tras haber sufrido situaciones similares.
Cada caso, subrayan, refleja una misma realidad: la falta de reacción efectiva por parte de las instituciones educativas y la soledad de las familias ante el sufrimiento de sus hijos. Para muchas de ellas, hacer público el nombre y la historia de sus hijos es la única forma de obtener una respuesta o una revisión del sistema.
La asociación, que nació precisamente tras la muerte de Kira López, hija del actual presidente, trabaja para visibilizar el problema y reclamar una mayor responsabilidad de las administraciones. Consideran imprescindible que la inspección educativa no se limite a valorar los casos, sino que garantice la aplicación inmediata de medidas de protección, sin depender de valoraciones subjetivas o de la interpretación de los equipos directivos.
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