La Policía consigue acceder al móvil de Sandra Peña y lo examina en busca de pruebas del acoso escolar sufrido antes de su muerte

El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional ha conseguido acceder al teléfono móvil de Sandra Peña, la menor sevillana que se quitó la vida la pasada semana, y examina ya su contenido en busca de pruebas que confirmen el acoso escolar que, según denunció su familia, venía sufriendo desde la pasada primavera. Las pesquisas se centran en un grupo de tres alumnas de su misma clase en el colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, donde la joven estudiaba y donde, según los informes iniciales, no se activaron los protocolos de protección exigidos por ley ante los indicios de hostigamiento.

El resultado de este examen será incorporado al atestado policial que elabora el Grume, en el que se identificarán a las presuntas acosadoras y se detallará su edad, un dato determinante para establecer si pueden asumir responsabilidades penales. En principio, todo apunta a que las tres implicadas serían mayores de 14 años, el límite legal a partir del cual un menor puede ser imputable.

El contenido del teléfono y el informe policial constituirán la base del expediente de reforma juvenil que la Fiscalía de Sevilla acordó abrir ayer. Paralelamente, el Ministerio Público ha puesto en marcha una investigación separada para determinar si la dirección del colegio Irlandesas de Loreto incumplió su obligación de activar los protocolos de acoso escolar y de prevención de conductas autolíticas, dado que Sandra había intentado quitarse la vida previamente.

El colegio, bajo presión tras la ola de señalamientos en redes sociales

El caso ha provocado una fuerte reacción pública que ha derivado en una ola de señalamientos en redes sociales contra las tres menores presuntamente implicadas. En los últimos días, se han difundido imágenes, nombres y datos personales de las adolescentes, acompañados de mensajes de odio y amenazas. La Fiscalía de Sevilla ha solicitado formalmente a una red social la retirada inmediata de esas fotografías, recordando que “el acoso no se puede combatir con acoso ni con amenazas”.

En paralelo, el Ministerio Público ha abierto diligencias penales por la difusión ilícita de las imágenes, subrayando la necesidad de proteger la identidad de todos los menores involucrados en el caso, tanto víctimas como presuntas agresoras.

La tensión también se ha trasladado al entorno físico del colegio. En los últimos días se ha reforzado la presencia policial en las inmediaciones del centro de las Irlandesas de Loreto, con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar altercados. Fuentes policiales confirman que se han producido incidentes como pintadas amenazantes en el muro exterior —ya borradas— y lanzamiento de objetos a los patios interiores del colegio.

Algunos padres, que prefieren mantener el anonimato, han manifestado su preocupación ante esta situación, temiendo que sus hijos puedan verse afectados por las reacciones descontroladas que se están produciendo. “Hay mucho miedo y tensión. Nadie quiere que se repita una tragedia”, apuntan desde la comunidad educativa.

La Fiscalía investiga la actuación del colegio Irlandesas de Loreto

La Fiscalía de Sevilla ha decidido abrir un expediente de supervisión sobre la actuación de la dirección del centro educativo. El objetivo es analizar si los responsables del colegio actuaron conforme a la normativa cuando recibieron las denuncias de acoso por parte de la familia de Sandra Peña. Si se comprobara alguna irregularidad, se podrían iniciar diligencias penales por omisión de deberes o negligencia grave.

Esta decisión se produce después de que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía concluyera la semana pasada que el colegio incumplió su obligación de activar los protocolos contra el acoso escolar, a pesar de las advertencias de la familia y de los indicios existentes. El informe de la inspección educativa también señala que el centro no aplicó el protocolo de prevención de conductas autolíticas, pese a que existían antecedentes de un intento de suicidio por parte de la menor.

La Administración autonómica ha abierto un expediente administrativo y remitido las conclusiones a la Fiscalía, que ahora determinará si la actuación del colegio podría constituir delito. Además, el centro —dependiente de la Fundación Mary Ward— podría enfrentarse a la pérdida del concierto educativo con la Junta de Andalucía si se confirma un incumplimiento grave de las condiciones de dicho acuerdo.

Fuentes de la Consejería explican que “será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, mientras que la titularidad del centro deberá depurar internamente las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados”.

La familia pide calma y justicia

Desde el entorno familiar, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, ha reiterado que su único objetivo es que se haga justicia, pero sin extender el dolor a otras familias. “No queremos que nadie pase por esto”, declaró. La familia de Sandra tiene previsto presentar una denuncia penal esta semana, una vez reunida toda la documentación recabada por la investigación policial y educativa.

El director del colegio, Francisco de Paula, ha difundido un nuevo comunicado en el que llama a la calma y pide “que cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio”. En su mensaje, recalca que su deber es proteger a todos los alumnos y profesores “de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos”.

El colegio asegura que está colaborando con las autoridades y que ha mantenido silencio público por petición expresa de la Policía Nacional, que continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el acoso denunciado por la familia y la muerte de la joven Sandra Peña.