Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

Tener una vivienda en una comunidad de propietarios puede ser en ocasiones una causa de desacuerdos y discusiones, ya que todos los vecinos tienen ciertas obligaciones y derechos para garantizar la convivencia. El problema surge cuando resulta difícil distinguir las responsabilidades de cada propietario, siendo uno de los conflictos más habituales que un piso en mal estado afecta a un inmueble vecio o a las zonas comunes.

Para regular la convivencia, derechos y obligaciones de los propietarios en edificios comunes, como pasillos, escaleras o jardines, está la Ley de Propiedad Horizontal. Esta ley divide la propiedad en elementos privativos y elementos comunes, estableciendo cómo se deben administrar los bienes, tomar decisiones en las juntas de propietarios y repartir gastos.

Además de respetar las instalaciones de la comunidad de vecinos, obliga a todos los propietarios a realizar las actuaciones necesarias para que la vivienda esté en unas condiciones que no afecten al resto de vecinos o a las zonas comunes. “Es obligación de cada propietario mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder”, tal y como recoge la ley.

Derecho a exigir obras

La comunidad de vecinos tiene derecho a exigir al propietario del inmueble o del local en mal estado realizar las acciones necesarias para reparar su domicilio y garantizar así la convivencia y el bienestar de todos los vecinos. Un ejemplo puede ser cuando hay humedades que afectan a varios pisos.

La Ley de Propiedad Horizontal así lo regula: “Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y prejuicios ocasionados”.

Uno de los problemas más habituales en estas comunidades suele ser la falta de higiene, en relación a humedades, plagas o malos olores que provienen de una vivienda. En todos estos casos la comunidad tiene derecho a exigir al propietario que arregle los desperfectos y ponga fin al problema. Otros ejemplos válidos, pueden ser las filtraciones de agua, el desprendimiento de elementos o los defectos de instalaciones eléctricas.

Los expertos recomiendan hacer estas comunicaciones por escrito, mediante un requerimiento por ejemplo. Sin embargo, si no surte efecto, el presidente siempre puede acudir a los tribunales. En ese caso extremo, el propietario responsable podría hacer frente al coste de las reparaciones, así como pagar una indemnización a los vecinos afectados.

El propietario puede exigir

Un propietario puede obligar a la comunidad a arreglar o costear algunos desperfectos. Es posible incluso denunciar a la comunidad por daños y perjuicios si no actúan. La excepción se da cuando un propietario es responsable de los daños, que en ese caso deberá pagar la reparación pertinente.

Esta Ley también se encarga de regular las obligaciones de la comunidad y lo recoge así: “Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación”.

La comunidad también está obligada a hacer obras que garanticen accesibilidad al edificio, incluyendo a personas mayores de setenta años como personas con discapacidad. Sin embargo, para alguna de estas situaciones suele haber subvenciones públicas.