El Gobierno de Ayuso “veta” un acto en la Asamblea de Madrid sobre los ratios de trabajadoras en las residencias: “No les interesa que se hable de ello”

Este martes estaba previsto que en el Salón de Actos de la Asamblea de Madrid se celebrará una jornada en la que se iba a presentar un estudio “sobre las ratios de personas trabajadoras en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”. Organizado por el grupo parlamentario Más Madrid, iban a participar asociaciones, sindicatos y sociedad civil experta o trabajadora en la materia.

Este estudio, realizado por CCOO Madrid, UGT Madrid y sus respectivas federaciones, junto a la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare), llevaba en proceso de 2023 y este era el día señalado para poder presentarlo.

“Interés sólo de un grupo”

Sin embargo, desde la Asamblea de Madrid han denegado la celebración de este acto, argumentando que “esta jornada corresponde al interés sólo de un grupo” y “no responde a lo dispuesto en el citado Acuerdo que indica que el uso de salas o de actos, incluidos los de carácter formativo, se autorizarán cuando respondan a “actividades protocolarias, de relaciones externas con otros Parlamentos o instituciones públicas, o que contribuyan a la promoción externa de la imagen de la Cámara”.

“Le comunico que no es posible atender favorablemente su petición”, finalizaba el escrito de denegación, firmado por la exdirectora General de Autónomos y Emprendimiento y actual directora del Gabinete de la Presidencia, Irene Correas Sosa.

Utilizan “su mayoría absoluta para vetar”

Desde Más Madrid, hacen una lectura clara de este rechazo: “no quieren que se hable de ello”. Diana Paredes, diputada de Más Madrid y portavoz de este grupo en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, explica en conversación con Infobae España, que se encuentran en una situación de “censura total”.

Esto se debe a que actualmente no pueden convocar comparecencias como esta dentro de la Comisión de Familia, ya que el PP utiliza “su mayoría absoluta para vetar”. Sin embargo, ahora tampoco pueden llevarlos a cabo en la Asamblea bajo la excusa de que no es “suficientemente interesante”.

“Identifican esta comparecencia como un tema prohibido”, denuncia Paredes. En la misma línea, desde la asociación Pladigmare, explican a este periódico que el tema “no va de política, sino de personas”.

“El informe solo busca una solución para las personas”, pero darle voz significaría “cuestionar el sistema actual”, en el que “importa más el negocio que se puede hacer” con las residencias. “Al final, se está hablando de maltrato hacía los trabajadores y los residentes”, y hablar de ello supondría tener que “asumir responsabilidades”.

La Comunidad de Madrid aplica una ley de 1990

El informe que iba a ser presentado cita entre sus conclusiones que el sistema actual opera con ratios de personal muy por debajo de los estándares que garantizarían una atención digna y de calidad. En la región existen 507 residencias con 55.308 plazas, de las cuales solo el 6,7 % son de gestión pública y la mayoría de los residentes —personas de más de 80 años con grados de dependencia II y III— reciben cuidados insuficientes debido a la escasez de profesionales.

El estudio señala que la Comunidad de Madrid sigue aplicando la Orden 612/1990, que fija ratios de 0,25 para usuarios válidos y 0,35 para asistidos, pese a que el Consejo Territorial de la Dependencia, en virtud de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), estableció en 2008 y actualizó en 2022 criterios más exigentes que la administración madrileña ignora.

Según el informe, la falta de personal no solo degrada la calidad asistencial, sino que también eleva la siniestralidad laboral en un sector altamente feminizado —un 85 % de las trabajadoras son mujeres— y envejecido, donde la mayoría supera los 45 años. Los salarios apenas rondan los 1.000 euros mensuales, muchos contratos son a tiempo parcial y las condiciones dificultan la estabilidad y la formación continua.

Esta precariedad, unida al escaso reconocimiento social, provoca una crisis estructural de personal que repercute directamente en la atención: los residentes sufren deshidratación, desnutrición o inmovilidad por falta de cuidados adecuados. Además, desde 2020 las nuevas residencias autorizadas en Madrid son exclusivamente privadas, lo que, según los autores, consolida un modelo centrado en el beneficio económico y no en la calidad del servicio.

Posibles soluciones

El estudio propone sustituir las ratios actuales por otras que respondan a las necesidades reales de los residentes. Para las gerocultoras o TCAEs, plantea una ratio de 0,83 profesionales de presencia física diaria por residente (0,37 en turno de mañana, 0,34 en tarde y 0,12 en noche), lo que equivale a una plantilla total de 1,32 trabajadoras por residente al incluir descansos y vacaciones.

Estas cifras triplican prácticamente las ratios vigentes y buscan asegurar una atención personalizada, constante y centrada en la persona. Los cálculos se basan en la jornada anual del VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes (2023), que fija 1.772 horas anuales de trabajo efectivo.

Finalmente, el informe advierte que la mejora del sistema pasa también por medidas complementarias: garantizar al menos un 80 % de contratos indefinidos y a jornada completa, aplicar de forma efectiva las normas de prevención de riesgos laborales, realizar inspecciones sin previo aviso, mejorar la coordinación sociosanitaria con el sistema de salud y asegurar menús elaborados en los propios centros conforme a criterios nutricionales.