Víctor Arpa, abogado: “El Tribunal Médico no es el que decide tu incapacidad”

Cuando se pretende solicitar una pensión de incapacidad, hay que pasar por el llamado tribunal médico, conocido como EVI, o ICAM en Cataluña. Pero esa no es la única parada que hay que hacer por el camino, ya que la decisión final sobre el reconocimiento de la incapacidad corresponde a otra entidad, tal y como ha subrayado el abogado Víctor arpa en uno de sus últimos vídeos de TikTok. “El tribunal médico no decide, solo informa. La decisión final siempre es del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”, ha afirmado el letrado.

¿Quién evalúa y quién decide?

El proceso para una incapacidad permanente está reglado por la Seguridad Social y afecta tanto a trabajadores que han sufrido un accidente laboral como a quienes lidian con secuelas de una enfermedad. “Mucha gente piensa que el ICAM, en Cataluña, o el tribunal médico en el resto de España, son los que te dan o te quitan la pensión. Pero no es así”, ha precisado Arpa.

La evaluación médica la realiza el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), integrado por médicos, inspectores de trabajo y personal administrativo. Este grupo revisa el historial médico, los diagnósticos, los tratamientos y los antecedentes laborales del solicitante antes de emitir un informe de síntesis. “Lo que hacen es reconocerte, evaluarte y emitir un informe médico de síntesis. Ese informe va al EVI, que lo estudia y prepara un dictamen propuesta”, ha especificado el abogado.

El dictamen del tribunal médico sirve de base para que el INSS, o más concretamente, el director provincial de este organismo, resuelva si se reconoce el derecho a una prestación y bajo qué grado: parcial, total, absoluta o gran invalidez. La notificación de la Seguridad Social detalla el grado asignado y las condiciones de la prestación o, en caso de negativa, los motivos de la denegación.

El plazo legal para que el INSS emita una resolución es de 135 días hábiles desde la apertura del expediente, aunque es habitual que los tiempos se extiendan en función de la complejidad del caso y la carga de trabajo. Este retraso puede causar inquietud en los solicitantes, que deben esperar la notificación administrativa antes de conocer la decisión definitiva.

Las claves de la valoración y derechos de los solicitantes

El tribunal médico examina una variedad de factores para emitir su dictamen: gravedad de la enfermedad o lesión, cómo afecta al desempeño laboral, posibilidades de rehabilitación o mejoría, tratamientos recibidos y si estos se agotaron, así como la edad y perfil profesional del solicitante. Es fundamental aportar documentación clara y actualizada, que normalmente incluye informes médicos, historial clínico, valoraciones de especialistas, y datos que acrediten el impacto en el puesto de trabajo.

Según ha explicado Arpa en su explicación, la resolución que emite el INSS puede ser de reconocimiento o de denegación. “Si te deniegan la incapacidad o te reconocen un grado más bajo del que corresponde, tienes 30 días hábiles para reclamar y si no funciona, puedes ir a juicio”, ha sintetizado el abogado.

Mientras se resuelve el expediente, el trabajador suele encontrarse bajo una prestación por incapacidad temporal gestionada por la Seguridad Social o por la mutua, que cubre una parte del salario hasta la resolución definitiva.

Documentación, plazos y profesionalización del proceso

La correcta preparación de la documentación es uno de los puntos más relevantes del proceso. Para acudir ante el tribunal médico, conviene presentar informes médicos recientes, descripciones del puesto laboral, datos sobre tratamientos y pruebas diagnósticas, y en los casos pertinentes, informes psicológicos o de rehabilitación. El tribunal puede pedir documentación adicional según las particularidades de cada caso.

El tiempo de espera para la citación al tribunal médico varía entre uno y tres meses, aunque puede ser más corto en situaciones urgentes. En 2025, la resolución sobre el grado de discapacidad puede llegar a demorarse hasta tres años en algunas comunidades autónomas debido a un incremento en la demanda y a los recursos limitados de los servicios de valoración.

Por otra parte, cualquier persona llamada al tribunal médico debe acudir vestida de modo acorde a su situación de salud, mostrando sin fingir ni ocultar sus limitaciones funcionales.

Desde Acomisión Abogados recomiendan que, en caso de que la incapacidad sea rechazada y el recurso administrativo no prospere, se puede presentar una demanda ante los tribunales para solicitar el reconocimiento de la prestación. El procedimiento, aunque complejo y sujeto a plazos variables, sigue un cauce regulado y verificable.