La falta de educación en incendios forestales también pasa factura: “Hay que implicar a la población, explicarles qué pueden hacer y qué no”

Durante los recientes incendios en España, que se han cebado especialmente con Castilla y León y Galicia, se ha podido observar una imagen común en diferentes localidades: la de numerosos vecinos y vecinas que contemplaban impotentes cómo el fuego destruía sus pueblos y sus cultivos o animales sin poder intervenir. Y es que, por motivos de seguridad, en emergencias de tal magnitud las autoridades prohíben tanto acercarse como colaborar en las tareas de extinción, ya que el riesgo para las personas sin formación es muy elevado. De ahí la importancia, destaca Eduardo Frías, bombero forestal, de saber cómo actuar ante un incendio, porque, aunque cada verano en España arden decenas de miles de hectáreas, “sigue faltando una cultura de prevención”.

“Nos enfrentamos a circunstancias que no se daban el siglo pasado [marcadas por el aumento de las temperaturas y el cambio climático], por lo que habría que organizar los operativos de otra manera, una en la que se implique a la población y sepa cómo actuar sin exponerse a riesgos innecesarios”, dice Frías a Infobae España, quien se desempeña como peón de montes y extinción en el operativo de lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. En esta misma región, los últimos incendios se han cobrado la vida de un bombero y dos voluntarios que trataban de combatir las llamas.

En España, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil establece que las actuaciones de extinción de incendios deben ser realizadas principalmente por los servicios de emergencias y cuerpos especializados, aunque sí permite la participación de civiles de forma excepcional, siempre bajo la supervisión y dirección de las autoridades.

Con más de 20 años de experiencia, este bombero explica que la ayuda de la población local en un incendio forestal puede ser clave, aunque no se trate de participar directamente en las labores de extinción. Frías relata que, hace pocos días, cuando se dirigían al incendio de Las Médulas, en León, hicieron una parada en Orellán, un pueblo de 53 habitantes que ya había sido evacuado, y al no conocer el terreno y no haber nadie a quien preguntar, perdieron tiempo intentando orientarse. Por eso, subraya la importancia de contar con la colaboración de quienes viven en los pueblos, siempre de forma coordinada y segura.

“Hay que organizar esto de otra manera para que no cometan errores. Hay que implicar a la población y darles a conocer cómo deben actuar, qué pueden hacer y qué no. La gente que vive en los pueblos también tiene mucho que aportar”, añade. Al mismo tiempo, critica el desmantelamiento de la red de torres de vigilancia en Castilla y León, al considerar que compromete la capacidad de reacción de los bomberos en las primeras fases del incendio.

“Necesitamos un operativo 100% público”

Frías atribuye la gravedad de los incendios en Castilla y León a la falta de prevención y al abandono del medio rural por parte del Gobierno autonómico que encabeza Alfonso Fernández Mañueco. Unas carencias, asegura, que solo empeoran las “precarias condiciones” en las que trabajan los bomberos, que ya han denunciado las “jornadas maratonianas de 14 o 16 horas” durante las emergencias, a pesar de que la legislación establece un máximo de 12 horas, la temporalidad de los contratos y la falta de recursos materiales y humanos.

Si bien considera que los incendios eran inevitables por las condiciones meteorológicas que se dieron en la pasada ola de calor, Frías cree que las consecuencias podrían haber sido menores si la región contara con “un operativo 100% público contratado todo el año y mejores condiciones para que estas labores se profesionalicen”. “Hace falta una mayor profesionalización y estabilidad en el sector porque, aunque la vocación es alta, muchas personas acaban dejando este trabajo por la precariedad laboral”, aclara.

A pesar de que en 2024 se aprobó una ley para mejorar las condiciones de bomberos y agentes forestales, ninguna comunidad autónoma aplica aún la norma, y de hecho algunos gobiernos autonómicos han recortado su presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios. En el caso de Castilla y León, según adelantó la Cadena Ser, en 2022 invirtió 1,41 millones de euros frente a los 10,27 que destinó en 2009, de acuerdo con las cifras oficiales, por lo que en 13 años ha recortado su presupuesto un 90%. En otras, como Andalucía, se ha pasado de 110,9 millones de euros a 35,86 millones en ese mismo periodo de tiempo.

Frías, que reclama “un cambio radical” en la política forestal de Castilla y León, insiste en que la prevención debería centrarse en medidas básicas como el mantenimiento de caminos, puntos de agua y la limpieza de zonas de interfaz urbano-forestal, así como en el apoyo a la ganadería extensiva, que actúa como desbrozadora natural.