El Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) deberá pagar 255.500 euros a un vecino por utilizar sus terrenos sin su consentimiento como aparcamiento de una escuela. La decisión, adoptada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), eleva de forma significativa la indemnización inicial y califica la gestión municipal de la época como “torpe” y “desidiosa”, según una información del medio Regió7.
El conflicto se remonta a 2012, cuando concluyeron las obras de construcción de la escuela Els Ametllers. Aunque el acuerdo original contemplaba la cesión temporal del solar, el consistorio nunca formalizó la devolución del terreno ni notificó al propietario el fin del uso.
Fotografías y testimonios incluidos en el expediente judicial confirmaron que la parcela se destinó a estacionamiento durante aproximadamente siete años, hasta 2019. Durante ese periodo, el afectado intentó resolver la situación mediante conversaciones informales, pero no presentó una reclamación formal hasta 2017.
La sentencia del TSJC responde a la apelación de ambas partes tras el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo número 16 de Barcelona, que en septiembre de 2023 había fijado la compensación en 100.000 euros. El tribunal superior consideró insuficiente esa cantidad, al entender que no se trató de un simple retraso en la devolución, sino de una “ocupación continuada” y no consentida del terreno.
Las magistradas María Luisa Pérez Borrat, María Fernanda Navarro de Zuloaga y Elsa Puig Muñoz subrayaron en unas declaraciones recogidas por Regiò 7 que “no se ha producido un retraso en unas obras, sino una ocupación de terrenos sin consentimiento durante aproximadamente siete años”.
El Ayuntamiento demostró una actitud pasiva en todo momento
El expediente judicial recoge declaraciones que ilustran la actitud pasiva del equipo de gobierno municipal de la época. Un testigo relató que el entonces alcalde, Gil Arso, consideró que “la bola se había hecho muy grande y no pensaba hacer nada”.
Por su parte, el concejal de Economía justificó la falta de respuesta alegando que al propietario se le permitía pagar el impuesto de bienes inmuebles en cuotas mensuales, lo que consideraba un favor. Otro miembro del gobierno local llegó a afirmar que no era necesario preocuparse por el afectado, ya que supuestamente carecía de “capacidad económica para soportar un pleito”.
El TSJC también destacó que el Ayuntamiento no reguló ni prohibió el uso del solar como aparcamiento hasta la llegada de un nuevo equipo de gobierno en 2019, encabezado por Jordi Solernou. En su defensa, los representantes municipales presentaron un informe que aseguraba que la parcela se encontraba en el mismo estado físico que antes de la cesión y cuestionaron la coherencia de la versión del demandante, aludiendo a su militancia en partidos políticos distintos al del alcalde de la época y a su intento fallido de integrarse en una lista electoral independiente.
No obstante, la sala consideró probado que el Ayuntamiento mostró interés en alquilar el terreno con opción de compra, reconociendo así su uso continuado como aparcamiento. Las magistradas señalaron además la existencia de una puerta de emergencia que conecta directamente con la parcela, lo que evidencia la necesidad de acceso para el centro educativo. En sus conclusiones, el tribunal valoró que el propietario “ha actuado siempre de buena fe y se ha mostrado abierto a conciliar”.
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