Lo que debía ser un proyecto de sostenibilidad energética se convirtió en una trampa económica para varias familias en el sur de Francia. Entre ellos, Julie y Nicolas, vecinos de Thuir (al sur del país) son una de las víctimas: su instalación de paneles fotovoltaicos terminó derivando en un préstamo de 42.000 euros y un proceso judicial.
La proliferación de estas estafas preocupa a la asociación de consumidores UFC-Que Choisir de Perpiñán, que solo entre mayo y junio de 2025 ha detectado una veintena de casos con un coste total de 200.000 euros en indemnizaciones.
Una oferta demasiado buena para ser verdad
Julie y Nicolas, originarios de Francia, se habían mudado a su nueva vivienda en julio de 2023. Menos de un año después, decidieron dar un paso hacia al autoconsumo energético. La oportunidad llegó en forma de llamada y la visita de un comercial, que les prometió que EDF compraría la electricidad y que los ingresos cubrirían el crédito.
“Nos hizo creer que no saldríamos perdiendo. Era muy hábil y manipulador”, reconoce Julie al diario francés L’independant. A pesar de sus dudas iniciales, firmaron lo que creían presupuestos, que en realidad resultaron ser órdenes de compra.
En pocas semanas, los paneles ya estaban instalados, aunque sin autorización municipal y con contratos llenos de irregularidades: papeles mal copiados, documentos retroactivos y un contrato a nombre de Nicolas firmado por Julie.
El golpe económico
La empresa les aseguró que la venta de electricidad financiaría el préstamo. Sin embargo, pronto descubrieron la realidad: la producción anual apenas les generaría 936 euros, frente a los más de 3.000 euros que debían devolver cada año.
“En ese momento nos dijimos: es oficial, nos han estafado”, lamenta Julie. La situación se agravó cuando descubrieron que, sin su consentimiento, se había abierto una microempresa a nombre de Nicolas para recuperar el IVA. “El problema era que yo ya tenía una microempresa, no nos avisaron de nada”, explica él.
Un fenómeno en auge
Según la consejera judicial Yveline Albaladejo, el modus operandi de los estafadores es siempre el mismo: captación agresiva, promesas de autofinanciación y presión para firmar de inmediato.
“El precio es un indicador de fiabilidad. Una instalación media cuesta entre 6.500 y 9.000 euros. Más allá de eso, hay que desconfiar. Los captadores se llevan comisiones por cada venta, así que utilizan cualquier truco”, advierte.
Consecuencias y lucha judicial
Más allá de la deuda, el impacto psicológico es fuerte. “Es difícil de aceptar, pensamos que solo les pasa a los demás. Cuando nos pasa, sentimos muy mal, tristes, avergonzados, pero también enfadados”, confiesa Julie.
La pareja recurrió a UFC-Que Choisir, cuyos asesores recopilan documentación, identifican irregularidades y trasladan los casos a los abogados especializados. “Identificamos nulidades en los contratos y luego remitimos el expediente a un abogado que cita a los responsables ante los tribunales”, explica el voluntario Lionel Hechard.
Recomendaciones para prevenir fraudes
La historia de Julie y Nicolas refleja cómo la transición energética se ha convertido en terreno fértil para los estafadores. Para ello, resulta conveniente prepararse ante este tipo de situaciones:
- No firmar con prisa: desconfiar de las ofertas urgentes.
- Comparar presupuestos: pedir siempre varias propuestas antes de decidir.
- Consultar con asesores independientes: antes de firmar cualquier contrato.
- Controlar los precios: una instalación de 6 u 8 paneles cuesta entre 6.500 y 9.000 euros.
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