José María Ángel, el alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, niega irregularidades en su acceso a la función pública y anuncia posibles “acciones administrativas y legales”

El alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel, ha negado la existencia de irregularidades en su acceso a la función pública en 1983 y en la obtención de la plaza de ayudante técnico en 1986. “Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias”, ha afirmado Ángel en un comunicado, a raíz de la información publicada por El Mundo, según la cual la Agencia Valenciana Antifraude sostiene que falsificó un título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía de la Universitat de València para incorporarse a la Administración Pública.

La documentación que acredita su trayectoria

Según recoge Europa Press, en respuesta a dicha publicación, Ángel ha presentado documentación que recoge la instancia de participación en el proceso de selección de 1983, las bases de las convocatorias y las actas relativas a sus tomas de posesión. El alto comisionado considera que estos documentos acreditan la regularidad de su trayectoria y ha recalcado que está “dispuesto a emprender las acciones administrativas y legales que considere necesarias para que la verdad se abra camino” y para defender su “nombre, honestidad y honorabilidad tras más de 40 años de servicio público y carrera profesional”.

La vinculación de José María Ángel con la Diputación de Valencia, según su comunicado, comenzó en 1981 cuando accedió como contratado laboral, en calidad de auxiliar administrativo, en el Archivo General de la corporación provincial. Permanece en ese puesto hasta el 18 de abril de 1983, fecha en la que toma posesión como Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca en la Diputación.

En relación con el proceso selectivo de 1983, Ángel ha precisado que los requisitos académicos para la plaza exigían estar en posesión del título de enseñanza media, bachillerato o equivalente. Se permitía, además, la presentación de méritos adicionales, entre los que se incluía titulación complementaria. Según Ángel, “el documento que presenté para acreditar el cumplimiento de requisito académico fue el Título de Bachiller Superior, expedido por la Universidad de Valencia en 1981. Y como acreditación de los méritos, aporté copia de los títulos de 5 cursos y formaciones complementarias, además del título de valenciano, y acreditación de experiencia previa en la función pública y de colaboraciones en publicaciones”.

Respecto a su promoción en 1986 al puesto de ayudante técnico de archivos y bibliotecas, ha señalado que los requisitos, además de la pertenencia al Cuerpo de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, incluían la superación de pruebas selectivas y de formación establecidas en la convocatoria. Ángel ha expuesto que “las bases de la convocatoria para las pruebas selectivas restringidas establecían así que los únicos requisitos eran los relativos a la propiedad de la plaza que estaba ocupando desde 1983, presentar una memoria y superar un examen escrito. Un proceso que superé satisfactoriamente y que concluyó con mi nombramiento y toma de posesión el 11 abril de 1986”.

Condena la “utilización política de instituciones” como la Agencia Antifraude

En relación con la información sobre la Agencia Valenciana Antifraude, José María Ángel ha manifestado que “resulta del todo sorprendente el haber tenido conocimiento de la existencia de una supuesta investigación y expediente de la Agencia Antifraude a través de un medio de comunicación, sin haber recibido ninguna notificación formal o informal ni mucho menos habérseme requerido, en el que entiendo sería preceptivo, trámite de audiencia en el curso de una investigación, cercenando de forma irreparable el principio de contradicción, mi derecho de defensa y por supuesto mi honorabilidad, la cual se ha querido poner en entredicho atendiendo únicamente a criterios de oportunidad política y obviando toda veracidad”.

En esta línea, el alto comisionado ha añadido: “Creo que es nuestro deber condenar esta utilización política de instituciones como la Agencia Antifraude para dañar la reputación y el buen nombre de personas que, como en mi caso, llevamos más de 40 años de servicio público”.

José María Ángel ha reiterado su disposición a emprender cuantas acciones considere oportunas para defender su carrera profesional y su trayectoria en la administración pública, y ha rechazado que se haya producido irregularidad alguna en sus incorporaciones o promociones dentro de la función pública.