
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha rechazado la solicitud de retirada del pasaporte a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como pedían las acusaciones populares en el marco de la investigación por su contratación en la Diputación de Badajoz. Sin embargo, la jueza sí le ha requerido que comunique si ha cambiado o tiene intención de cambiar de residencia.
Según informó EFE, las acusaciones populares argumentaban que Sánchez “tiene proyectado” dejar de residir en España y trasladarse a Japón, motivo por el cual solicitaron como alternativa la imposición de una fianza de 70.000 euros.
El auto judicial exige claridad sobre el domicilio
En el auto, la jueza subraya que “no procede” adoptar la medida cautelar solicitada, al menos “en este momento y con los datos objetivos que actualmente constan en el procedimiento”. No obstante, ha exigido a Sánchez que, en el plazo de dos días, comunique cualquier cambio de domicilio respecto al que consta en las actuaciones: una vivienda de su propiedad situada en Elvas (Portugal).
Además, el juzgado le solicita que detalle las circunstancias específicas de cualquier traslado, actual o futuro, y si estas podrían afectar de algún modo a su disponibilidad para comparecer ante el juzgado o ante el órgano que finalmente conozca de la causa.

El objetivo de esta petición, según recoge el auto judicial, es “valorar si ha existido un cambio sustancial de las circunstancias que pudiera afectar a la existencia de riesgo de fuga y motivar la adopción de las medidas cautelares que se consideren oportunas”.
Vínculos con el extranjero y obligación de informar
La jueza recuerda en el escrito que desde el inicio del procedimiento se ha constatado la vinculación de Sánchez con el extranjero, algo que él mismo reconoció al declarar que reside en Elvas desde finales de 2021, localidad en la que adquirió una vivienda en febrero de 2023. A pesar de ello, señala que esta relación internacional “por el momento no ha sido obstáculo” para que haya comparecido “las veces que ha sido citado para ello”.
No obstante, la magistrada incide en que cualquier persona investigada, y posteriormente acusada, tiene la “obligación fundamental de estar a disposición del órgano judicial que conoce de su procedimiento y de no dificultar de ninguna forma el desarrollo del mismo”.
Finalmente, la jueza advierte que, si es cierto que Sánchez tiene previsto trasladarse a Japón, “no debería ser por medio de la prensa como tuviera conocimiento este juzgado de tal circunstancia” y recalca que “no es válido que la defensa conteste con evasivas”, sino que debe aportar información “con rigurosidad” y justificar las razones por las que no existiría riesgo de fuga.
Concluye que, de confirmarse el cambio de residencia, este debió comunicarse de forma inmediata al juzgado, “como muestra de que dicho cambio no se hace con ninguna finalidad de entorpecer la tramitación de la causa ni de que este juzgado, ni el encargado del enjuiciamiento, desconozcan el verdadero paradero del acusado”, según informa EFE.
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