Una mujer residente en Bruselas ha sido descubierta percibiendo fraudulentamente subsidios por discapacidad y el usufructo de una vivienda social mientras en realidad ejercía desde hacía más de dos décadas como abogada en Marruecos. El caso, calificado como un “fraude de domiciliación excepcional”, ha sido investigado por el Instituto Nacional de Seguros de Salud e Invalidez (INAMI), que confirma que esta persona mantenía una vida profesional activa en el extranjero desde 2003, a pesar de declarar que no podía trabajar en Bélgica desde 2016.
El escándalo ha generado una fuerte polémica en el país, especialmente después de que el presidente del partido liberal Movimiento Reformista, Georges-Louis Bouchez, utilizara este caso como prueba de los fallos estructurales del sistema social belga. “Nuestro sistema social es un colador”, ha declarado.
20 años trabajando fuera de Bélgica
Según la investigación, la mujer está colegiada en el Colegio de Abogados de Marruecos desde hace más de 20 años y lleva una vida acomodada gracias a su ejercicio profesional en ese país. Sin embargo, durante este tiempo ha seguido inscrita como residente en Bélgica, lo que le ha permitido acceder a una serie de ayudas y prestaciones reservadas a personas que, en teoría, residen de forma estable y carecen de medios suficientes.
En concreto, la mujer alegó no poder trabajar desde 2016 por razones de salud, lo que le permitió solicitar y recibir una prima por discapacidad, una ayuda económica que compensa la imposibilidad de ejercer una actividad profesional. Además, al figurar como residente en Bruselas, pudo beneficiarse de una cobertura médica reforzada, mucho más completa que la disponible en Marruecos.
La investigación reveló que su presencia en territorio belga se limitaba a estancias breves, de no más de dos semanas, y que tanto ella como su familia vivían de forma estable en Marruecos. Sus hijos, de hecho, nunca fueron inscritos en ninguna escuela belga, lo que constituye una prueba adicional de que su domicilio real no se encontraba en Bruselas.
Otro de los beneficios obtenidos de manera fraudulenta fue el acceso a una vivienda social en la capital, un recurso escaso y destinado exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad económica. Gracias a la ocultación de sus ingresos reales y de su actividad profesional en el extranjero, la mujer logró beneficiarse de este derecho durante años, en detrimento de otros solicitantes que sí cumplían los requisitos.
Reacción política: “Es hora de cerrar las grietas del sistema”
El caso ha provocado la reacción inmediata del presidente liberal Georges-Louis Bouchez, quien ha denunciado reiteradamente que Bélgica carece de un sistema eficaz para prevenir estos fraudes. “Los abusos son mucho más numerosos de lo que imaginamos”, aseguró. El dirigente señala que situaciones similares se repiten con ciudadanos que mantienen vínculos con diversos países, no solo Marruecos, y que las pérdidas económicas para el Estado son millonarias.
Bouchez ha prometido una respuesta política “contundente”, tanto a nivel federal como internacional, basada en el refuerzo de los controles de datos y en la exigencia de mecanismos de intercambio de información entre estados. “Supeditaremos una serie de acuerdos internacionales a criterios de cooperación para luchar contra el fraude social”, afirmó.
Esta línea de actuación coincide con los compromisos del actual gobierno federal, liderado por Bart De Wever, que ya había incluido en su acuerdo de legislatura el combate contra el fraude a la seguridad social y el empleo no declarado. Según el ejecutivo, “una política de sanciones eficaz es esencial para proteger el sistema y a los ciudadanos que sí cumplen con las reglas”.
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