Juana Rivas deberá entregar a su hijo Daniel, de 11 años, a Francesco Arcuri, padre del menor, el próximo martes 22 de julio entre las 10.00 y las 11.00 horas. Así lo dictaminaron el Tribunal de Cagliari y el juzgado de Instrucción número 3 de Granada, que han ordenado que esta devolución debe realizarse “de forma inmediata” tras determinar que no existe riesgo para el menor en su regreso a Italia.
Sin embargo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, habría recibido una carta del hijo de Juana Rivas en el que se muestra su rechazo a regresar junto a su padre: “Relata que ha sufrido episodios muy graves de violencia en Italia”, escribe la ministra en una petición que le hace a la Fiscalía General del Estado para que actúe en el caso y que ha compartido parcialmente a través de su cuenta oficial de Instagram.
Ante unos “actos habituales y recurrentes”, el menor temería por su integridad, por lo que ha mostrado su rechazo a cumplir con la resolución judicial. Así, Rego solicita a la Fiscalía General que se proteja al menor: “Les trasladamos esta información en aras de, en el marco de sus competencias, se asegure la protección integral de Daniel, así como la puesta en marcha de las herramientas para que el menor sea escuchado”.

Recogida de firmas por el hijo de Juana Rivas
“Al leer su carta, he podido corroborar el temor que refleja Daniel a volver a Italia”, escribe la ministra de Juventud. “Cualquier medida que se adopte obviando lo expresado, de forma reiterada, vulneraría el derecho de Daniel a ser escuchado”.
El hijo de Juana Rivas ha permanecido con su madre en el municipio granadino de Macarena desde las Navidades, después de que el juzgado de Instrucción 4 de Granada paralizase provisionalmente su regreso a Italia; sin embargo, ahora debe volver ante la orden de la Justicia italiana y española.
La Plataforma contra la violencia de género 25 de Noviembre/8 de Marzo de Granada está recogiendo firmas para reclamar que se respete el derecho de Daniel a ser escuchado. Así, argumenta que, según el artículo 39 del Reglamento Europeo, un país miembro puede negarse a ejecutar estas resoluciones por el “interés superior del menor”.

Además, el pasado jueves 17 de julio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, expuso en una entrevista en RNE que la decisión de la justicia española resulta “incomprensible” y “no se toma desde la legalidad”. En 2009, Juana Rivas interpuso la primera denuncia formal por malos tratos contra Francesco Arcuri: el dictamen del juez fue que el italiano había golpeado en repetidas ocasiones a Rivas, por lo que le impuso una pena de tres meses de prisión, que no cumplió por un acuerdo entre ambas partes, y una orden de alejamiento de un año y tres meses.
Denuncias posteriores, como la de 2013, fueron archivadas, pero ahora Arcuri volverá a ser juzgado en septiembre de este mismo año por un presunto delito de malos tratos. Redondo señaló que no comprende que no se espere “al proceso penal y la sentencia firme”.
Ante la decisión de la Justicia italiana y española, Juana Rivas únicamente puede presentar un último recurso de reposición (ante el mismo tribunal) sin que esto implique que se paralice la ejecución de la decisión judicial.
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