
El exsecretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, ha alertado sobre la trascendencia de la propuesta para una financiación singular de Cataluña, valorando que su implementación supondría una fragmentación decisiva del sistema fiscal del país.
“Desaparecería la Agencia Tributaria, la fragmentaríamos en 17 trocitos y el Estado se quedaría sin ingresos fiscales. Un Estado sin ingresos fiscales sería un Estado muy débil y solo recibiría lo que las comunidades le dieran, porque habrían pasado a ser fiscalmente soberanas. No es el modelo que funcionaría en España”, ha afirmado Borrell, en declaraciones a los medios.
El acuerdo alcanzado este lunes prevé que la Generalitat recaude todos los impuestos generados en la comunidad a través de una agencia tributaria propia, con el Estado reteniendo una parte para cubrir sus competencias.
Este cambio de paradigma basaría el sistema en los ingresos que generan las comunidades y en su capacidad para decidir el destino de esos recursos. “No se trata de recibir lo que se necesita gastar, sino de ingresar y decidir”, resumieron desde el ejecutivo catalán.
No obstante, para Borrell, este escenario conduciría a un sistema tremendamente ineficaz y generaría “graves problemas de coordinación”, lo que, a su juicio, tampoco resolvería las demandas financieras de las comunidades.
“Andalucía, Valencia y Madrid están peor financiadas”
Respecto al debate sobre la financiación de las comunidades, el exsecretario ha remarcado: “Si el problema es que ahora Cataluña está mal financiada, hay que decir que Andalucía está mucho peor financiada que Cataluña. Andalucía, Valencia y Madrid están peor financiadas que Cataluña.”
Planteó, además, la posibilidad de que todas las autonomías se encuentren mal financiadas y, en ese caso, consideró necesario aumentar la financiación, aunque se plantea cuál sería la cuantía adecuada: “¿Pero cuánto?“, y ha detallado: “Los independentistas catalanes reclaman que se cubra el déficit fiscal que dicen tener con Cataluña y, según cifras del año 2022, son 22.000 millones de euros”, preguntando finalmente: “¿Cuánto se va a quedar Cataluña de la recaudación? Está por discutir”.
El régimen de concierto que incluye la Constitución
El nuevo sistema prevé que las comunidades que lo soliciten recauden la totalidad de los impuestos en su territorio, integrando estos recursos en una “cesta de tributos” desde la que se determinará el reparto entre la administración autonómica y el Estado. La aportación de Cataluña al fondo de solidaridad interterritorial también dependería de este modelo, garantizando que ninguna comunidad más aportadora vea empeorada su posición relativa tras la redistribución.
No obstante, Borrell considera que el intento de ofrecer la posibilidad de acogerse a este modelo a otras comunidades es solo una forma de “enmascarar” la singularidad de la propuesta catalana: “Extrapolar este modelo a todas las comunidades autónomas no es más que un intento de enmascarar un régimen de concierto bajo un pretexto de ‘todos los que quieran este modelo lo tendrán también’“. Sin embargo, ”la Constitución reserva para los países forales”, ha subrayado.
Asimismo, para el exsecretario de Estado de Hacienda “el problema es que el sistema no tiene el mismo atractivo para una comunidad excedentaria que para otra deficitaria", y asegura que es vital “entender cuál es el reparto razonable y racional entre el Estado y las comunidades autónomas” antes de solicitar adherirse a este sistema.
Una Hacienda catalana que necesitará el apoyo del sector privado
El acuerdo divulgado recientemente contempla que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) asuma en el futuro la gestión completa de los tributos estatales y autonómicos generados en el territorio catalán, actuando con independencia de la agencia estatal y sin estar supeditada a esta última. Sin embargo, según reconocieron fuentes del Gobierno catalán, la ATC no dispone actualmente ni de la infraestructura tecnológica ni del personal cualificado necesario para asumir esta labor con garantías.
Para paliar este déficit de recursos, el plan acordado señala que la empresa tecnológica Indra presentará en los próximos días un plan director con los requisitos técnicos y organizativos precisos para que la agencia catalana evolucione hasta convertirse en una estructura plenamente operativa a medio plazo. Ambas agencias, tanto la estatal como la catalana, deberían por tanto colaborar para evitar la desconexión de Cataluña del sistema fiscal general del Estado.
Ausencia de calendario y retos políticos
Aunque el principio de acuerdo representa un avance en las negociaciones sobre la financiación autonómica, persisten incertidumbres en cuanto a su cronograma de aplicación, los impuestos afectados y los porcentajes concretos de reparto.
Su materialización todavía depende tanto del desarrollo técnico pendiente de la ATC como del consenso político necesario para que, en caso de que otras comunidades lo soliciten, puedan implementar este sistema, o al menos permitan su aplicación.
Para concluir, Josep Borrell ha querido dejar clara su posición al respecto: “A mí me parece que fragmentar la gestión tributaria es un grave error que no deberíamos cometer”, ha sentenciado.
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