El ‘Financial Times’ lanza un dardo a Sánchez por la opa de BBVA a Sabadell y acusa al Gobierno de ser “burócrata proteccionista”

El debate sobre la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell ha alcanzado un nuevo nivel no solo en los despachos de las entidades involucradas, sino también en la agenda pública y política española. Un reciente análisis publicado por el Financial Times señala que, tras despejarse las dudas relativas a competencia, la decisión final sobre la operación debería recaer en los accionistas implicados y no en lo que denomina “burócratas proteccionistas”.

La operación propuesta por BBVA ha superado las trabas regulatorias vinculadas a la competencia, un paso clave que habilita legalmente la consolidación bancaria. Sin embargo, el diario británico, a través de una columna de Patrick Jenkins, plantea que el verdadero escollo actual reside en la férrea oposición política que enfrenta la operación por parte del Gobierno español y la intensificación del debate público y social.

Cronología de la opa

La historia de la opa de BBVA a Banco Sabadell se remonta a mayo de 2024, momento en que el banco vasco propuso formalmente la fusión con el catalán y el consejo de administración de este rechazó la propuesta. Frente a esta negativa, BBVA decidió dirigirse directamente a los accionistas de Sabadell con una opa hostil, evidenciando la profundidad de la confrontación.

La elección del momento para anunciar la operación resultó controvertida, ya que coincidió con las elecciones autonómicas en Cataluña. No solo la coyuntura electoral, sino el contexto político general, aumentó la tensión. El Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez se ha mostrado especialmente receloso ante fusiones bancarias que, según sus declaraciones, podrían amenazar el empleo y la estabilidad regional, poniendo de relieve una de sus principales prioridades.

La posibilidad de que un nuevo Ejecutivo levantara las restricciones a este tipo de operaciones parece distante: el Financial Times recuerda que no se esperan elecciones generales hasta el verano de 2027, por lo que anticipa una prolongada incertidumbre para los actores implicados.

En plena batalla por controlar el banco catalán, el presidente de BBVA, Carlos Torres, llegó a afirmar que la opa era “imparable”. Sin embargo, los acontecimientos de las semanas posteriores pusieron en entredicho ese optimismo. La operación se complicó con la intervención de diversos órganos reguladores, y BBVA expresó su malestar por lo que consideró una politización excesiva en la revisión de los aspectos de competencia, especialmente por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

A finales de abril, BBVA logró que la CNMC aprobara la operación, aunque tras alcanzar compromisos en una segunda fase del proceso. A partir de ese momento, la revisión pasó a manos del Gobierno central, que debe determinar si endurece, suaviza o mantiene las condiciones impuestas para autorizar la fusión definitiva.

Consulta pública

El calado político y social de la operación se reflejó en una consulta pública abierta de forma inédita por el Gobierno a principios de mayo, con el objetivo de recabar la opinión ciudadana sobre la operación. Esta acción generó inquietud en Bruselas. La Comisión Europea advirtió a España de que no gozaba de base legal suficiente para frenar la operación, dejando claro que cualquier interferencia significativa podría conllevar consecuencias legales en el seno de la Unión Europea.

El entorno político ha marcado cada paso de la operación. Según el Financial Times, la resistencia del Gobierno se explica, más allá de los argumentos públicos, por la disposición que tiene para influir en grandes operaciones económicas y empresariales, especialmente en sectores considerados estratégicos o “sensibles”.

Pese a que un eventual procedimiento de infracción por parte de la UE podría demorarse años, desde el entorno de BBVA se teme que cualquier dilación administrativa pueda desactivar por completo la operación, frustrando las expectativas de rápida consolidación bancaria.

El diario británico resalta un ejemplo de convivencia posible entre intereses empresariales y gubernamentales con el caso de Telefónica. El actual presidente, Marc Murtra, afín al Gobierno de Sánchez, logró apoyo oficial para impulsar su agenda de fusiones tanto en España como en Europa a cambio de fortalecer inversiones tecnológicas diversificadas, alineadas con los objetivos de desarrollo definidos por el Ejecutivo. Murtra fue designado presidente tras la intervención del Estado en la empresa y el relevo forzado de José María Álvarez-Pallete.

Patrick Jenkins plantea que, si Carlos Torres logra encontrar un esquema de incentivos que atraiga al Gobierno socialista y minimice la posibilidad de intervención directa, podría facilitar que la decisión revierta finalmente en los accionistas de Sabadell. Según el análisis, esta sería la vía para asegurar que primen los intereses económicos globales de España y Europa.

Respuesta de los accionistas

A estas alturas, todas las miradas se centran en la evolución de la revisión gubernamental y la eventual respuesta de los accionistas de Banco Sabadell. Desde Europa y parte del empresariado español se reclama el respeto al proceso de libre competencia y la autonomía de los inversores frente a las injerencias políticas. Para el Financial Times, la última palabra debe recaer sobre quienes arriesgan su capital y no sobre “burócratas proteccionistas”, apuntando directamente a los responsables locales de la política económica.

La opa de BBVA sobre Sabadell ha evidenciado la compleja relación entre el poder económico y la intervención política en España, en un contexto donde la estrategia para la competitividad a escala europea es tema de debate recurrente en las más altas instancias. El desenlace de este proceso sentará un precedente tanto para el futuro de la consolidación bancaria como para la capacidad de los Gobiernos de influir en grandes operaciones corporativas.