España arrancó 2025 con cifras de deuda pública inéditas. En el primer trimestre de 2025, el endeudamiento alcanzó el 103,5% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que representa un incremento de 1,7 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024. En términos absolutos, se ha fijado un nuevo récord: la deuda superó los 1,66 billones de euros, según datos publicados por el Banco de España.
Este dato confirma el incremento sostenido que arrastra la economía española desde la crisis del Covid-19. Teniendo en cuenta la evolución anual, el peso de la deuda sobre el PIB ha retrocedido 2,8 puntos frente al primer trimestre de 2024, cuando la ratio se situaba en el 106,3%. No obstante, la cifra total mantiene una tendencia al alza, con un saldo histórico que muestra la presión financiera a la que se enfrenta el Estado.
Gran parte de esa deuda se concentra en la administración central, que acumula un saldo récord de más de 1,53 billones de euros. Este importe representa el 95,1% del PIB, 1,5 puntos por encima del dato registrado al finalizar el año anterior. El crecimiento endeudado del Estado explica buena parte del ascenso global de la deuda pública, que sigue siendo uno de los principales focos de preocupación para los organismos internacionales y los mercados.
Comunidades autónomas y ayuntamientos: diferencias y similitudes en la evolución de la deuda
Las comunidades autónomas también han alcanzado máximos históricos en términos absolutos, con una deuda conjunta de 338.151 millones de euros, equivalente al 21% del PIB. Aunque el peso sobre la economía autonómica ha descendido una décima respecto al trimestre anterior, la cifra total bate registros, en parte por el crecimiento de la deuda en algunos territorios.
Cinco comunidades han fijado récord históricos de endeudamiento: Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Madrid. Cataluña se mantiene como la autonomía más endeudada en términos absolutos, con casi 89.700 millones de euros. La siguen Comunidad Valenciana (60.368 millones), Andalucía (40.490 millones) y Madrid (39.651 millones).
Medido en proporción al PIB de cada comunidad, el panorama cambia. La Comunidad Valenciana encabeza la lista, con una deuda equivalente al 40,3% de su PIB, seguida de Murcia (30,7%), Cataluña (29,6%) y Castilla-La Mancha (28%). En el otro extremo, las regiones con menor peso de la deuda en relación con su economía presentan proporciones mucho más bajas.
Por su parte, la mayoría de regiones rebajaron su ratio de deuda durante el primer trimestre, con la excepción de La Rioja, Navarra y Madrid. Esta evolución positiva se atribuye en parte a una mejora en la recaudación y a una contención del gasto, aunque la tendencia general muestra un estancamiento en la reducción del endeudamiento autonómico.
Los ayuntamientos reducen su carga mientras persisten las particularidades contables
En el ámbito local, la deuda de las corporaciones municipales se redujo hasta 22.844 millones, lo que mantiene su peso en el PIB en el 1,4%. Todas las administraciones locales han recortado sus pasivos, salvo las diputaciones provinciales de régimen común, cuyo endeudamiento creció ligeramente de 602 a 880 millones.
Los trece municipios españoles con más de 300.000 habitantes disminuyeron su deuda en el primer trimestre en 26 millones, hasta situarla en 5.348 millones. Entre los grandes ayuntamientos, Madrid sigue siendo el más endeudado, con 1.942 millones, seguido de Barcelona (1.383 millones) y Zaragoza (556 millones).
El Banco de España advierte que la suma agregada de las deudas de todas las administraciones supera el total de la deuda pública, debido a que hay más de 341.000 millones computados dos veces. Esta doble contabilidad proviene de la condición de acreedor que la administración central mantiene frente a comunidades autónomas y la Seguridad Social en distintas operaciones de financiación.
El endeudamiento de las administraciones de la Seguridad Social no ha variado mucho, con un saldo de 126.174 millones, si bien la ratio sobre el PIB ha retrocedido una décima hasta el 7,8%. Esta estabilidad responde a una financiación regulada, basada en préstamos del Estado, para atender necesidades temporales de liquidez.
*Con información de la Agencia EFE.
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