
La jueza instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, considera que “el aforamiento repentino” del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, justo el día antes de que ella dictara el auto de apertura de juicio oral supone un “fraude de ley”.
La magistrada, tras un relato de lo que supone el aforamiento en España, explica en una exposición razonada, a la que ha tenido acceso Infobae España, “que lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el cual se ha adquirido la condición de aforado, sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada con la misma”.
“Causará perjuicios a la propia tramitación de la causa”
“La anterior maniobra [refiriéndose al aforamiento de Gallardo] sería contraria a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que “los jueces y juezas, así como los Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.
Ante todo esto, la jueza concluye que “el aforamiento repentino del Sr. Gallardo, en opinión de esta instructora y a los fines de la presente Exposición Razonada, no solo atenta contra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, sino que causará perjuicios a la propia tramitación de la causa, que se será inevitablemente objeto de dilaciones tras la peregrinación de la misma a órganos superiores [El TSJ de Extremadura] para decidir sobre la competencia para conocer de la misma y sobre los recursos que puedan interponerse, afectando dicha circunstancia al resto de partes intervinientes en el procedimiento”.
El aforamiento de Gallardo
Gallardo anunció el 16 de mayo su intención de incorporarse a la Asamblea de Extremadura como diputado autonómico, renunciando a su cargo como presidente de la Diputación de Badajoz, justo cuando la investigación judicial por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez se encontraba cerca de su final.
El 22 de ese mismo mes, la jueza de la causa dictó auto de apertura de juicio oral contra los imputados, entre los que se encontraba Gallardo. Un día antes, la Junta Electoral de Extremadura había expedido la credencial de diputado a Gallardo, otorgándole la condición de aforado desde ese mismo día, según el artículo 15.2 del reglamento de la Asamblea.
Esta decisión fue justificada por el PSOE de Extremadura como una decisión colegiada del partido, argumentando que el aforamiento “no implica inmunidad” y que se trata de una estrategia para reforzar su liderazgo desde el Parlamento.
El 29 de mayo Gallardo tomó posesión de su escaño en la Asamblea de Extremadura y se incorporó a la Diputación Permanente, garantizando así el aforamiento incluso en caso de disolución anticipada de la Cámara. Ese mismo día anunció una propuesta para suprimir el aforamiento de los diputados autonómicos, que se aprobó el 5 de junio con el respaldo del PP y la abstención del PSOE, como primer paso para llevar a cabo esta medida.
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