El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero ha acudido este martes a declarar a los Juzgados de Leganés en la investigación sobre la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid, donde ha asegurado a los medios que vio una “discriminación clara” en los llamados ‘protocolos de la vergüenza’, según lo ha recogido RTVE.
En sus declaración, que ha respondido a preguntas de la acusación y la Fiscalía, ha explicado que no “sabe quién es el autor ideológico” de estos protocolos. “Yo no elaboré esos protocolos, solo puedo saber quién los firmó”, ha añadido.
Según su relato, tuvo conocimiento de estos documentos el 21 de marzo de 2019 y avisó a los cargos de la Comunidad de Madrid, que “si se aplicaban, moriría mucha gente de forma indigna”. A todo esto ha agregado que a él no le corresponde “decidir si esto era delito, eso es trabajo de la jueza”.
Burgueño, a las puertas de ser imputado
El abogado de la acusación, Carlos Castillo, ha confirmado las palabras de Reyero. “Ha confirmado la existencia de protocolos y ha negado que se medicalizaran residencias y que se trasladaran a Ifema”, ha relatado a los medios.
El letrado ha dejado caer que Antonio Burgueño, podría llegar a ser imputado en esta causa, ya que su declaración ha sido cortada por la Fiscalía.
Sus conclusiones han versado sobre que “se ha confirmado que hubo discriminación”, ya que “no hubo derivaciones directas de residencias a hospitales”, solo de personas que tuvieran un seguro privado.
La causa abierta en los juzgados de Leganés
Este procedimiento que se sigue en el Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes, como es el caso de la pieza abierta en los juzgados de Madrid. Lo que si comparten ambas causas, es el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
Desde Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han considerado “especialmente relevantes” las declaraciones del día de hoy. En el caso de Reyero porque podrá explicar de primera mano cómo fueron desatendidas todas sus peticiones para ayudar a los residentes enfermos", han asegurado.
A esto añaden que Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, puede “aportar datos clave para demostrar que la Consejería de Sanidad sólo envió a los hospitales privados a los residentes que tenían seguro médico privado. Por su parte, Burgueño elaboró un Plan de lucha contra la covid que contemplaba la medicalización de las residencias y que no fue puesto en práctica”.
En esta causa están también citados a declarar como “querellados” tres altos cargos de Ayuso. Además de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, autor e ideólogo del conocido como Protocolo de la Vergüenza que bloqueó el traslado de residentes a los hospitales, también está imputado el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza. Las declaraciones de los querellados están previstas para el 17 de junio.
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