Colectivos sociales insisten en que la regularización de 500.000 migrantes se produzca antes del verano: “Si el Congreso no quiere, debe hacerlo el Gobierno”

La posibilidad de una nueva regularización de personas migrantes, como ya han aplicado en otras ocasiones tanto gobiernos del PSOE como del PP, supondría el “reconocimiento de derechos a personas que ya viven y trabajan en España y ayudaría a reducir la economía sumergida”, recuerdan desde la Plataforma Regularización Ya. Esta amplia red de organizaciones sociales impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que cerca de medio millón de personas extranjeras en situación administrativa irregular puedan obtener permisos de residencia y trabajo.

De ahí la importancia de que la iniciativa, estancada en el Congreso desde hace más de un año, sea aprobada con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios “antes del receso verano”, destacan desde la plataforma, para evitar que se pueda paralizar y que en otoño se debatan otros asuntos. Pero si no logra los votos necesarios, “el Gobierno debe expresar su voluntad a través de un real decreto”, señala Victoria Columba, una de las portavoces de Regularización Ya, tras reunirse la semana pasada con PSOE, Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu y BNG (los partidos que han apoyado esta ILP).

“Hay que agotar la vía de la ILP, pero si no sale adelante y el Gobierno tiene tanta voluntad de hacerlo, tendrá que ser por otros medios, porque a la gente no se le puede decir que van a regularizar su situación administrativa irregular cuando no hay acuerdos cerrados. Si el Congreso no quiere, debe hacerlo el Gobierno”, dice Columba a Infobae España. La portavoz destaca haber podido reunirse con la secretaría de Estado de Migración, Pilar Cancela, y el Director de Migración, Santiago Yerga. “Representa un avance importante en el diálogo institucional para hacer posible una regularización extraordinaria que ponga en el centro la dignidad y los derechos de las personas migrantes que forman parte esencial de nuestra sociedad”.

Aunque Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu y BNG son partidarias de una regularización que incluya a prácticamente todas las personas en situación irregular que viven en España, Junts, PNV y PP han apostado hasta el momento por incluir diferentes condicionantes y aún se desconoce qué postura adoptarán.

Puntos clave para la plataforma

La plataforma ha tenido oportunidad de presentar sus demandas en estos encuentros al Gobierno y los grupos parlamentarios, con el objetivo de que la regularización extraordinaria sea “garantista, inclusiva y accesible, que responda a la realidad social de quienes llevan años construyendo sus vidas en este país”.

Para los colectivos sociales, hay varios puntos clave, como “flexibilizar la fecha de corte hasta el día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de tal modo que pueda abarcar al máximo número de personas, y que el proceso de regularización ”se adapte a las dificultades que enfrentan muchas personas, de forma que el padrón no sea la única condición para probar la residencia”. También piden que no se exijan requisitos propios del procedimiento ordinario, como es el contrato de trabajo o documentación en países de origen y de difícil obtención.

El Movimiento Regularización Ya también indica que su propuesta “busca corregir las limitaciones del nuevo Reglamento de Extranjería”, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, respecto a los solicitantes de asilo. Estas personas cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en España durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años. Pero con la reforma del reglamento, advierten los colectivos, si les deniegan la petición, deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo. No obstante, aseguran que la medida “no solo puede ser un parche” para corregir esta situación.

“El objetivo es poner el contador ‘a cero’ en materia de irregularidad administrativa de las personas migrantes para avanzar en un cambio de paradigma en las políticas migratorias y públicas que atraviesan sus vidas y precariedades”, concluye la plataforma.