El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a indemnizar con 156.000 euros a la familia de una paciente fallecida tras una intervención laparoscópica que se le realizó en el Hospital General de Ciudad Real para extirparle la vesícula biliar. Los hechos ocurrieron en 2021 y la mujer tenía 53 años.
Según indica la sentencia, facilitada por la asociación El Defensor del Paciente, hubo una asistencia sanitaria deficiente por parte del mencionado centro hospitalario. En el mismo inicio de la intervención, al momento de introducir el primer trócar (instrumento quirúrgico) para iniciar la técnica, y “debido a una maniobra brusca y negligente”, el cirujano “rompió el equilibrio entre resistencia abdominal y presión ejercida, provocando la doble lesión de la arteria aorta y la vena cava abdominal”, perforaciones que produjeron una masiva pérdida de sangre y cuatro paradas cardíacas que fueron imposibles de revertir en el quirófano.
Al insertar el trócar, señala el texto de la sentencia, comenzó un descenso brusco de la concentración máxima de dióxido de carbono, por lo que se paró la operación para intubar a la paciente, que sufrió una parada cardiorrespiratoria. “Pese a las múltiples trasfusiones de sangre, se había perforado la arteria aorta y la vena cava intraabdominal, por lo que había un sangrado masivo que le ocasionó cuatro paradas respiratorias hasta que presentó una hemorragia pulmonar masiva que hizo imposible la ventilación” y la paciente falleció. Por ello, la justicia ha decidido condenar a la sanidad de Castilla-La Mancha a pagar a la familia 156.000 euros.
La sanidad “paralizó el procedimiento administrativo”
Desde El Defensor del Paciente recuerdan que el perito propuesto por los familiares tildó de “horror” la técnica quirúrgica desplegada por el cirujano. La asociación también sostiene que “resulta paradójico que el propio Servicio de Inspección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha propusiese la estimación de la reclamación patrimonial y que este paralizase completamente durante años la tramitación del expediente administrativo sin dictar resolución expresa para, posteriormente, en vía judicial también oponerse a la demanda interpuesta por los familiares”.
“No solo ha habido una mala praxis de un cirujano, sino que este servicio de salud también ha maltratado a los familiares, al paralizar durante años un procedimiento administrativo que debía resolver favorablemente, obligando también a iniciar un procedimiento judicial, con todo lo que supone, donde también se oponen”, ha indicado Carmen Flores, presidenta de la asociación, quien, no obstante, ha indicado que “afortunadamente en este caso se ha podido hacer justicia”.
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