Francia enfrenta un problema creciente de sobrepoblación en sus centros penitenciarios. Con más de 82.900 reclusos y apenas 62.000 celdas disponibles, el país registra una de las tasas de hacinamiento más altas de Europa, solo por detrás de Chipre y Rumanía, según un informe de 2024 del Consejo de Europa.
Ante esta crisis, el gobierno francés está considerando una medida poco convencional: alquilar celdas en prisiones de otros países europeos.
La idea fue planteada por el presidente, Emmanuel Macron, en una entrevista concedida a TF1. Sin embargo, esta propuesta ha generado interés y críticas debido a los números que implica su implementación.
Países que alquilan celdas en el extranjero
La opción de enviar presos al extranjero no es nueva. Bélgica ya alquiló entre 2010 y 2016 un total de 680 plazas en una prisión de Tilburg, Países Bajos. También Dinamarca, en 2021, firmó un acuerdo con Kosovo para alquilar 300 celdas durante diez años por un valor aproximado de 210 millones de euros.
Por otro lado, Estonia ha expresado interés en ofrecer sus plazas penitenciarias vacantes, estimando ingresos anuales cercanos a los 30 millones de euros.
Dominique Simmonot, inspectora general de los Centros de Privación de Libertad de Francia, explicó que el contrato belga-neerlandés mostró dificultades operativas y legales. “Países Bajos alquiló celdas a Bélgica con su propio personal, pero bajo legislación belga, por lo que el personal neerlandés tuvo que formarse para adaptarse a los procedimientos belgas”, señaló.
Además, las visitas familiares resultaron complicadas debido a la distancia y las exigencias de visado, lo que afectó negativamente la experiencia de los reclusos.
Costes y dificultades logísticas
El coste diario de un preso en Francia varía entre los 100 y los 250 euros, según el tipo de centro penitenciario, mientras que el acuerdo danés con Kosovo implicaba casi 200 euros al día por recluso. El contrato de Bélgica y Países Bajos ascendió hasta los 40 millones de euros, en buena parte por los gastos de personal.
Annabelle Bouchet, vicesecretaria general del sindicato penitenciario SNEPAP-FSU, expresó su escepticismo sobre la viabilidad económica y práctica de esta medida. “Desde el punto de vista presupuestario, alquilar celdas en el extranjero tiene un coste significativo, especialmente en un contexto de restricciones financieras públicas”, declaró a Euronews.
Más allá del coste, Bouchet advirtió sobre las repercusiones en la rehabilitación de los internos. “Deportar a personas condenadas y encarceladas lejos de sus familias y redes de apoyo significa también alejarlas de las zonas de empleo y de los agentes que facilitan su reintegración social”, explicó.
Posibles otras alternativas
Además de considerar la externalización, el gobierno francés explora otras opciones, como la construcción de unidades penitenciarias modulares, propuesta por Gérald Darmanin, ministro de Justicia. Estas prisiones son rápidas de instalar y estarían destinadas a reclusos con condenas cortas.
En este sentido, Macron ha mostrado interés en acelerar la creación de 5.000 plazas nuevas mediante estas estructuras ligeras.
No obstante, los trabajadores y expertos del sistema han advertido que estas medidas no abordarán la raíz del problema. Bouchet sostiene que el recurso a penas alternativas y un mejor tratamiento de la salud mental y las adicciones en el sistema judicial podrían contribuir a disminuir la población carcelaria.
“Muchas personas que cometen delitos por razones vinculadas a adicciones o enfermedades mentales no deberían estar en prisión. Es necesario buscar soluciones distintas, porque la cárcel no es la respuesta a todo”, sentenció.
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