Le Figaro cuenta la angustiosa historia de una jubilada de 78 años incapaz de salir adelante. Recibió en herencia una vivienda en Nantes en 1998 -murió su padre- que se convirtió en su principal fuente de ingresos. Con su pensión, de 1.000 euros, apenas llegaba a fin de mes. Pero en otoño de 2023, lejos de ser una solución, el inmueble se convirtió en un problema.
La mujer recibió una llamada del administrador de la propiedad, que le informó de una fuga de agua en el apartamento. Se trataría de un contratiempo menor de no ser porque en ese momento, la casa se encontraba -o debía encontrarse- vacía, sin inquilinos. Ella enfrentaba un problema de salud y paralizó temporalmente el alquiler.
El edificio está protegido con acceso mediante código digital, lo que hacía más extraño que hubiera podido ocurrir lo que sí había ocurrido: al indagar sobre la fuga, descubrió que su herencia había sido okupada por una familia.
Dos niños y sin alternativa
Su hija tomó cartas en el asunto y acudió a la policía para denunciar y pedir la expulsión de los okupas. En primera instancia, la prefectura autorizó el desalojo, pero un fallo posterior, ya en noviembre de 2024, suspendió esta orden amparando la decisión en la “vulnerabilidad de la familia”, con dos niños de uno y dos años y “sin alternativa habitacional”.
La situación de la anciana es muy delicada no solo por tener okupada su casa y en consecuencia no recibir un alquiler cada mes, sí afrontar los impuestos, por un total de 1.800 euros. Además, está obligada a costear las facturas de la familia, como el agua.
La hija, contactada por Le Figaro, dice estar impactada y sentirse impotente. La única vía es recurrir en los tribunales para tratar de recuperar el inmueble, lo que, lamenta, supondrá un nuevo desembolso de dinero en trámites judiciales y abogado. Está ayudando económicamente a su madre porque “ella no puede pagar”.
El papel del ayuntamiento
Hace apenas unos días, y con este asunto circulando entre la opinión pública, un concejal de la oposición, Foulques Chombart de Lauwe, escribió una carta al ayuntamiento pidiendo una solución para las dos partes. La asociación Gasprom, que defiende a la familia en situación de vulnerabilidad, está financiada por el consistorio, lo que plantea un choque de intereses.
Subraya este edil que ayudar a quienes más lo necesitan es un compromiso compartido por todas las fuerzas, pero que eso incluye a la jubilada afectada en este caso, quien ha sido privada de su patrimonio. Recuerda también que “okupar una vivienda se castiga con un año de prisión y 15.000 euros”.
“Debemos trabajar para que ambas situaciones se tengan en cuenta”, ha reaccionado Abbassia Hakem, teniente de alcalde de Nantes al mando de la inclusión social y las personas mayores. Y crítica con el concejal mencionado, al que veladamente acusa de oportunista: “El señor Chombart de Lauwe ha elegido dirigirse a la persona equivocada porque se trata de un tema que concierne a la justicia y al Estado”.
En manos de los tribunales
Sobre Gasprom, Hakem defiende que “es una asociación nacional con una larga trayectoria cuya misión principal es apoyar a las personas, migrantes o no, en el acceso a la justicia, no es su misión llevar a nadie a la ilegalidad”, y que “si alguien tiene dudas sobre si estas prácticas son ilegales, es su responsabilidad denunciarlas a la fiscalía y entonces se iniciará una investigación”.
El caso queda en manos de los jueces. La jubilada sigue sin recuperar su casa y haciéndose cargo de los gastos con la ayuda de su hija y las autoridades no han sido capaces de proporcionar un techo a la familia con los dos menores. El ayuntamiento, señalado por esto último y cada vez con más presión, busca urgentemente una solución.
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