El magistrado del Tribunal Supremo, Juan Ramón Berdugo, ha puesto en marcha un procedimiento para solicitar al Parlamento Europeo el permiso para proceder contra el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez por los mensajes que difundió en la plataforma Telegram dirigidos a la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.
En su resolución, el magistrado aclara que el propio Alvise tiene la posibilidad de presentarse voluntariamente ante el tribunal y le concede un plazo de cinco días para que comunique si desea declarar de forma espontánea.
Estas decisiones se recogen en un auto en el que el Supremo acuerda la apertura de diligencias previas contra el eurodiputado por la presunta comisión de varios delitos: acoso, provocación a cometer un atentado contra la autoridad o funcionario público, coacciones y delitos de odio cometidos a través de redes sociales.
Las afirmaciones de Alvise
El origen de esta causa está en los mensajes que Alvise difundió en su canal de Telegram, donde señaló a los fiscales especializados en delitos de odio como responsables de llevar a cabo una “persecución ideológica”. En concreto, los acusó de “multar e intentar encarcelar” a personas por hablar de una “invasión” migratoria, instó a sus seguidores a identificarlos y publicó una fotografía de la fiscal Susana Gisbert, a quien acusó de haber solicitado penas de cárcel y multas por comentarios relacionados con la inmigración.
La publicación desencadenó una reacción de aproximadamente 1.500 usuarios, quienes expresaron insultos, amenazas y mensajes que incitaban a acosar o agredir a la fiscal. Además, se difundieron en varias redes sociales tanto sus datos personales como el perfil de su hija. Después de esta oleada de mensajes, Alvise volvió a publicar otra imagen de Gisbert, en esta ocasión acompañada de una periodista, y escribió: “Ahora las perseguidas son ellas”.
Más causas pendientes
Esta no es la única investigación que el Tribunal Supremo mantiene abierta contra el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF). Alvise ya está siendo investigado por delitos de falsedad documental e injurias por difundir en 2021 una supuesta prueba de Covid falsa atribuida al actual presidente de la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa. En ese contexto, el magistrado del Tribunal Supremo Javier Hernández ha citado a declarar el 6 de junio de forma voluntaria a Alvise.
Además, se le investiga por la presunta recepción de 100.000 euros de un empresario para financiar su formación política de cara a las últimas elecciones europeas.
A esto se suma una nueva petición elevada al Supremo por parte de una jueza de Madrid, que solicita investigar a Alvise por haber difundido conversaciones privadas del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, extraídas del sumario del caso Kitchen y mantenidas con un periodista en el ámbito personal.
Si el Tribunal Supremo decide seguir adelante con esta nueva causa, sería la cuarta investigación abierta contra el eurodiputado desde que goza de la condición de aforado ante la Justicia europea.
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