El derecho a la muerte digna encalla en los tribunales de Cataluña: “Nadie puede pedir la eutanasia por ti y nadie debería poder impedirla”

Noelia C.R. y Francesc Augé tienen muchas cosas en común, pese a ser tan diferentes. Ella tiene 24 años y él, 55. Ambos residen en Cataluña, ambos sufren de patologías graves, sin expectativas de mejora y que han impactado duramente su vida, por lo que ambos han solicitado su derecho a una muerte digna. Los dos han seguido los procesos establecidos y han obtenido el sí de la Comisión de Garantía y Evaluación, pero su camino hacia la eutanasia se ha visto entorpecido. Tanto el padre de la veinteañera como el del quincuagenario están en contra de su decisión y han intentado paralizarla en los tribunales.

Noelia consiguió ganar su caso el pasado 17 de marzo, pero Abogados Cristianos, en representación de su padre, ha apelado la sentencia. El colectivo ultracatólico ha basado su recurso en el caso de Augé, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le dijo el pasado 3 de abril que su padre tenía todo el derecho de intentar frenar su eutanasia. “Hasta para morirse necesita uno abogados”, declaró el afectado en una entrevista con el diario El País el pasado domingo.

Los magistrados del TSJC valoraron la legitimidad judicial del “interés legítimo” de los padres “en que sus hijos permanezcan con vida”. “Ejercitada judicialmente la acción de protección del derecho fundamental de la vida -no así directamente la vida familiar, que no es un derecho-, los padres pueden tener un interés legítimo en torno a ello, aún cunado no resulten titulares de ese derecho a la vida ajena“, reza la sentencia.

Un derecho cuestionado en los tribunales

Augé ha sufrido dos infartos y cuatro ictus en su vida, que le han dejado unas secuelas insoportables. El 24 de julio de 2024, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) avaló su derecho a recibir la prestación de ayuda a morir, pero los médicos no pudieron llevar a cabo el procedimiento. Su padre había interpuesto una denuncia contra la decisión de la Generalitat ante un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que paralizó la eutanasia.

En noviembre, la magistrada falló a favor de Augé, pero el padre no se dio por vencido y recurrió al TSJC, que ahora le da la razón. La sentencia del tribunal podría influir en el caso de Noelia, joven de 24 años que, tras quedar parapléjica, había solicitado la eutanasia. A la espera de que el TSJC admita el recurso, Abogados Cristianos cita el interés legítimo reconocido por el juzgado de un padre en la protección de su hija.

“Quieren desprestigiar la ley”

La Ley de Eutanasia, en camino de cumplir su cuarto aniversario, dio el derecho a una muerte digna a cualquier persona residente en España mayor de edad, con una enfermedad grave e incurable y en plenas capacidades. Desde su entrada en vigor, 1.515 personas han iniciado los trámites para ejercer este derecho, pero no todos lo consiguen: el 25% de las peticiones realizadas en 2023 fueron rechazadas en algún momento del proceso y, en otro 25% de los casos, la resolución no llegó a tiempo para evitar el sufrimiento en la muerte de los enfermos.

Cataluña es la comunidad autónoma donde más solicitudes se reciben y más eutanasias se practican. Según datos de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), principal impulsora de la Ley de Eutanasia, en 2024 se practicaron 142 procedimientos, “todas con normalidad y con el apoyo de las familias”, aseguran.

Sin embargo, los casos de Noelia y Francesc podrían marcar una tendencia preocupante para la organización. “Justamente estas dos son las que algunos grupos quieren convertir en ejemplo, no para mejorar la ley, sino para desprestigiarla e intentar frenar un derecho que la ciudadanía ha conquistado democráticamente“, valoran en un comunicado.

Para su portavoz en Cataluña, Cristina Vallés, el mensaje es claro: “Nadie puede pedir la eutanasia por ti y nadie debería poder impedirla cuando se han respetado todas las garantías que impone la ley”. Desde DMD, esperan que los juzgados sigan “el camino marcado por el juzgado en el caso de Noelia y reconozca que la resolución de la CGAC en el caso de Francesc fue plenamente conforme a derecho”.