“Quién nos iba a decir que nos íbamos a replantear la importancia de recordar que la igualdad es uno de los pilares fundamentales de la Unión”, se pregunta María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, durante la presentación en Madrid de la hoja de ruta de los derechos de las mujeres que la Comisión ha presentado este martes.
Se da por hecho que la ’batalla’ entre Europa y Estados Unidos se producirá en el campo económico, concretamente en el comercial. Pero la nueva administración Trump 2.0 está dispuesta también a dar la batalla cultural, es decir, está dispuesta a revertir muchas de las conquistas sociales de los últimos años. Un ejemplo de ello es el veto a los programas de diversidad, equidad e inclusión, que obliga a las empresas a certificar, por ejemplo, que no cuentan con planes de igualdad de género para obtener ayudas. Al otro lado del Atlántico, el éxito del trumpismo ha dado alas a una ola reaccionaria que aboga por el regreso a lo que ellos llaman “un orden natural”, que implica también retrocesos en los derechos reproductivos de las mujeres y contra el colectivo LGTBI.
La hoja de ruta del ejecutivo comunitario, presentada este viernes en Bruselas por la comisaria europea de igualdad Hadja Lahbib, tiene como “objetivo abordar las normas discriminatorias estructurales” en la sociedad, y busca garantizar la igualdad de género en todos los países de la UE, con políticas como la prevención y el combate de “todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, pasando por la igualdad salarial y el equilibrio entre vida laboral y personal y cuidados de los menores.
El rearme de Europa no puede quitar espacio a las políticas de igualdad
La eurodiputada española y presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Lina Gálvez, admite que habrá “tensiones increíbles” en el presupuesto de la UE para políticas de género con la necesidad de incrementar el presupuesto en seguridad y reindustrialización. A pesar de ello, señala que “necesitamos que los presupuestos sean sensibles con las políticas de género”. “La perspectiva de género debe de integrarse en todas las políticas europeas”, afirma.
La eurodiputada socialista aplaude que en la nueva hoja de ruta se mantengan reivindicaciones “amenazadas” como el acceso a los derechos reproductivos de la mujer. No obstante, una de las demandas del Parlamento Europeo sigue siendo incluir entre las reparaciones de las víctimas de violencia sexual el derecho a la salud. “Nos hemos encontrado con que el Consejo (los líderes de los Veintisiete) no quiere incluir los derechos reproductivos en las mujeres como el aborto. En los conflictos bélicos, la violación es un arma de guerra y las violaciones se realizan incluso delante de otros miembros de la familia. Si negamos estos derechos, estaríamos negando el derecho al tratamiento sanitario a mujeres víctimas de crímenes de guerra. Serían las únicas personas que no tendrían derecho”, lamenta.
En este sentido, la vicepresidenta del mismo organismo, la eurodiputada Rosa Estarás, del PP, señala su preocupación también por la inexistencia de una definición común de violación en la directiva europea contra la violencia de las mujeres aprobada en la pasada legislatura y de obligado cumplimiento para los Estados. Esta directiva debe revisarse en 2027 y Estarás explica que esta carencia impide establecer agravantes y penas de igual manera en toda la UE, de manera que “el agresor puede ir de un Estado a otro y obtener un espacio de inmunidad”.
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España sigue sin trasponer bien la directiva de cuidados
Por otro lado, Estarás critica al Gobierno español por no haber traspuesto correctamente la directriz europea del permiso parental de cuatro meses, dos de ellos remunerados. “España no ha traspuesto bien esta directiva. No se ha estipulado cuatro meses, sino dos; y no son remunerados”, añade la eurodiputada, que afirma que este asunto está ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Puede acabar con una sanción de 7 millones de euros. Si aprobamos directivas se tienen que trasponer”, sentencia.
Ambas eurodiputadas concuerdan en la necesidad de paliar la brecha en los puestos de responsabilidad de las empresas, un problema que afecta a la gran mayoría de países del bloque. En España, la representación femenina en los altos mandos se encuentra en el 35,9%, según datos del Observatorio de la Mujer Trabajadora.
La Unión Europea ha logrado grandes avances sociales y España pertenece al grupo de los países que mejoran los datos, entre otros, los de igualdad salarial. Pero Bruselas insiste en que “todavía queda un largo camino” que requiere de infraestructuras institucionales especializadas en la igualdad de género y que integren la perspectiva de género y suministren la financiación sostenible para las políticas de igualdad.
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