El Ejecutivo central ha presentado un plan sin precedentes que busca aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas de régimen común mediante la condonación de 83.252 millones de euros, lo que equivale al 27% del total de su deuda.
Esta medida, que será debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tiene como objetivo mejorar la posición financiera de las regiones, facilitar su acceso a los mercados y reforzar el Estado del bienestar.
La propuesta extiende a todas las comunidades de régimen común el acuerdo inicial alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para Cataluña, y se centra en beneficiar especialmente a los territorios que han sufrido infrafinanciación y a aquellos que han incrementado el IRPF para equilibrar sus cuentas públicas.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la iniciativa en una rueda de prensa, destacando que permitirá reducir el endeudamiento de las comunidades y mejorar su calificación crediticia.
“Es una medida sin precedentes que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas de régimen común con una notable reducción de su pasivo, mejorando su posición financiera y su acceso a los mercados”, explicó Montero.
De acuerdo con Expansión, el cálculo de la quita se basa en una metodología que compara el endeudamiento de las comunidades autónomas en dos periodos clave: entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, cuando se registraron 109.582 millones de euros en deuda, y entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, con 29.272 millones.
Esta diferencia de 80.310 millones de euros constituye el exceso de deuda que el Gobierno busca condonar.
El plan se estructura en tres fases. En la primera, el 75% del monto total (60.232 millones de euros) se distribuye en función de la población ajustada de cada comunidad, lo que representa una condonación media del 19% de la deuda autonómica total a finales de 2023.
En una segunda etapa, se otorgan compensaciones adicionales a regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares, para garantizar que al menos el 19,3% de su deuda sea condonada.
En la tercera fase, se incorporan ajustes adicionales que suman 3.000 millones de euros. Por un lado, se identifica que la mayor condonación por habitante corresponde a la Comunidad Valenciana, con 2.284 euros por vecino, y se eleva la quita para otras regiones con una financiación inferior a la media entre 2010 y 2022. Por otro lado, se premia a las comunidades que han incrementado el IRPF por encima de la media nacional, con una quita adicional del 10%, mientras que aquellas que lo han hecho por debajo de la media reciben un 5%.
Andalucía, Cataluña y Valencia, las más beneficiadas
En términos cuantitativos, Andalucía será la región más beneficiada por el plan, con una condonación de 18.791 millones de euros, lo que representa el 48,6% de su deuda. Le sigue Cataluña, con 17.104 millones (19,9%), y la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones (19,3%). Madrid, por su parte, verá reducida su deuda en 8.644 millones (24,1%).
En términos relativos, Canarias destaca como la principal beneficiaria, ya que podría eliminar el 50% de su deuda, equivalente a 3.259 millones de euros. Le siguen Andalucía y Asturias, que lograría una reducción del 35% de su deuda, equivalente a 1.508 millones.
Además de reducir la carga financiera de las comunidades, el plan permitirá un ahorro estimado de entre 5.000 y 7.000 millones de euros en intereses, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Montero subrayó que este ahorro se traducirá en más recursos para el Estado del bienestar y en una mayor autonomía financiera y política para las regiones.
Un pacto político con implicaciones económicas
El origen de esta propuesta se remonta al acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC en el otoño de 2023, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.
Inicialmente, el pacto contemplaba una quita del 20% de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), equivalente a 15.000 millones de euros. Sin embargo, la cifra final para Cataluña asciende a 17.104 millones, lo que reduce su deuda regional de 85.986 millones a 68.986 millones.
El plan también busca corregir lo que el Gobierno considera un error histórico en la gestión de la crisis financiera por parte del anterior Ejecutivo del Partido Popular (PP).
Según Montero, las medidas de austeridad y recortes aplicadas en ese momento obligaron a las comunidades a endeudarse de manera extraordinaria, mientras que la respuesta del actual Gobierno frente a la crisis del Covid-19 se basó en un reparto extraordinario de fondos.
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