Dos profesoras, Laura Cánovas, una maestra con cinco años de experiencia especialista en Educación Especial y funcionaria en prácticas, y Uxía García, gallega que el pasado verano aprobó las oposiciones en Canarias dentro de las plazas reservadas a personas con una discapacidad, han sido cesadas en esta comunidad autónoma tras aprobar las oposiciones de Educación. En ambos casos, un informe de la comisión de evaluación médica las ha declarado “no aptas”. Cánovas es sorda y García tiene una discapacidad visual del 66%.
Cánovas ejerció durante cinco años en un centro educativo y fue cesada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias. La decisión, fechada el 27 de noviembre de 2024, se basa en un informe emitido por la Comisión de Evaluación Médica, que concluye que la discapacidad auditiva de la docente le impediría cumplir con sus obligaciones laborales. En declaraciones de Cánovas recogidas por Servimedia, el informe no consideró la implementación de ajustes razonables que podrían facilitar su desempeño profesional.
“Solo pido que se cumpla la ley y que se tengan en cuenta mi experiencia y capacidades”, ha declarado la afectada, que ha presentado un recurso de reposición y cuenta con el respaldo de organizaciones como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (Asorte) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que calificaron la situación de “discriminatoria”.
El caso de Uxía, la maestra gallega cesada en Canarias
Este caso se suma al de Uxía García, una profesora con un 66% de discapacidad visual que también se ha enfrentado un cese cautelar después de superar las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Canarias en 2024. La Inspección Médica la declaró “no apta” para ejercer en Pedagogía Terapéutica, pese a que en noviembre, cuando llevaba casi tres meses ejerciendo como profesora en prácticas en un colegio de La Orotava, en Santa Cruz de Tenerife, le llegó el cese. Sin embargo, gracias a la intervención de la Consejería de Educación, su cese ha sido revertido temporalmente, tras una reunión entre el presidente territorial de la ONCE, Miguel Ángel Déniz, y la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Barbosa. Sin embargo, su situación está pendiente de resolución en un proceso contencioso-administrativo.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Canarias) ha instado al Gobierno de Canarias a establecer criterios claros y transparentes para evitar discriminaciones hacia personas con discapacidad en el acceso a la función pública. En un comunicado, CERMI Canarias subrayó la importancia de garantizar la aplicación efectiva de los principios de igualdad de oportunidades y adaptación razonable, recogidos tanto en la legislación nacional como internacional.
“Cermi Canarias considera que este caso refleja una discriminación flagrante hacia las personas con discapacidad, contraviniendo la Constitución Española (artículos 14 y 49) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, subrayaron en el comunicado.
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