
En el PNV están molestos con la gestión de las negociaciones para prorrogar el impuesto a las energéticas que el Gobierno pactó con sus socios a cambio de salvar la reforma fiscal. Fuentes del grupo capitaneado por Aitor Esteban en el Congreso advierten de que están vigilantes para que Moncloa no les de gato por liebre. Y eso quiere decir que están dispuestos a todo.
Estas voces subrayan que así se lo han hecho saber a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la pretensión del Gobierno de prorrogar el gravamen energético vía real decreto-ley mientras negocia un impuesto permanente. El portavoz jeltzale trasladó a Montero que, bajo ningún concepto, aceptará la prórroga del gravamen. Esta figura tributaria, dicen estas fuentes, “rompe” el sistema del Concierto Económico y no permite su concertación con las haciendas forales.
El Gobierno acordó este miércoles con ERC, Sumar, Podemos, EH Bildu y BNG extender en 2025 el gravamen sobre las grandes energéticas para evitar que decaiga a finales de año. Lo abordaron en una reunión a la que no asistieron ni los representantes de Junts ni del PNV, contrarios a este impuesto. La vía elegida para prorrogarlo un año más (afectará al ejercicio 2025, que se liquidará en 2026) es el real decreto-ley, un instrumento legal que necesita la convalidación del Congreso en los 30 días posteriores a su aprobación en el Consejo de Ministros.
Ahí es donde el voto de PNV y Junts es decisivo, y tienen claro que no lo facilitarán. En este sentido, desde el partido nacionalista vasco hay un cierto temor a que el Gobierno quiera colar la prórroga de este gravamen en el decreto con las nuevas medidas anticrisis, que se aprobará en el último Consejo de Ministros del año. En este escudo, el Ejecutivo también aprovechará previsiblemente para introducir la subida de las pensiones conforme al IPC anual. En ese caso, el PNV adelanta que votará en contra. “No nos va a temblar el pulso”. Estas fuentes comentan que Montero aseguró a Esteban que tomaría “nota” de su petición.
Podemos aceptó la imposición de Junts
En el Ejecutivo son conscientes de esta realidad y aseguran que harán todo lo posible por extender este tributo, ya que se comprometió a ello durante la agónica negociación de la reforma fiscal. Primero lo acordó con EH Bildu, ERC y BNG, y después con Podemos. En el caso de los morados, apalabraron con el PSOE “impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas”.
Para ello, Podemos anunció la constitución de una comisión negociadora con la participación de “todos los partidos políticos necesarios” para aprobar esta reforma, ya que sin un consenso previo, este impuesto corre el riesgo de caer en saco roto. Los morados esperaban contar con la presencia de Junts, que avisó de que no apoyaría un gravamen que pusiera en peligro las inversiones de Repsol en Tarragona y las de otras empresas del sector en esta comunidad.

De hecho, esto llevó a los de Ione Belarra a aceptar la condición del partido independentista. Y así lo reconoció la formación morada. “En cualquier caso, esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el comunicado publicado por el Ministerio de Hacienda el lunes 18 de noviembre”, añadieron los de Ione Belarra.
Pero no solo Junts es reacio a este tributo. También el PNV, que no ve futuro a esta posibilidad. Asimismo, fuentes jeltzales critican la actitud de los morados, quienes “solo quieren una foto”, en alusión al hecho de que el Consejo de Ministros apruebe la prórroga, aunque posteriormente sea rechazada en el Congreso. Con ello, fuentes del Ministerio de Hacienda adelantan que intentarán aunar el consenso, pero los ven “muy complicado”. Si no hay un acuerdo, el impuesto a las energéticas decaerá.
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