El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los correos electrónicos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso ha citado a declarar el próximo viernes en calidad de testigo al secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato.
Según una información publicada este domingo por el diario ABC, Presidencia del Gobierno le envió la mañana posterior a la primera filtración uno de los correos del abogado de Alberto González Amador para que “lo sacara” en la Asamblea de Madrid en una maniobra de oposición contra Ayuso. Lobato se negó y llevó los mensajes ante un notario. En una providencia dictada este lunes, el juez Ángel Hurtado le reclama que aporte el acta notarial cuando acuda a testificar el día 29 de noviembre a las 10:00 horas.
El instructor de la causa llama a declarar a Lobato una vez “vista la información que publica (ABC) en relación con los hechos delictivos que están siendo objeto de investigación en las presentes actuaciones y la posible aportación que, de cara a su esclarecimiento, pueda aportar” el secretario general de los socialistas madrileños.
Pese a la información publicada este domingo, Lobato ha asegurado en declaraciones al programa de La Sexta Al Rojo Vivo que el “pantallazo” que recibió de la jefa de gabinete del por entonces director de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, procedía de una información que ya había sido publicada “en los medios”. Sin embargo, ha reconocido que la captura que recibió en su Whatsapp no llevaba marca de agua de ningún medio de comunicación de los que habían publicado la noticia.
Lobato ha explicado que decidió acudir a un notario para dejar constancia de esos mensajes cuando supo que el Tribunal Supremo abría una causa penal contra el fiscal general del Estado, ya que a él no le filtraron el correo “desde Fiscalía”.
Rechaza suspender de funciones a García Ortiz
En un auto también dictado este lunes, el magistrado Ángel Hurtado rechaza la medida cautelar de suspender de funciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Estas medidas habían sido solicitadas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el sindicato Manos Limpias.
El último informe de la UCO, que analiza los datos obtenidos del dispositivo móvil de la fiscal jefe de Madrid, concluye que García Ortiz tuvo una “participación preeminente” en la filtración de los correos del novio de Ayuso. Del análisis de las comunicaciones intervenidas, los investigadores concluyen que “desde las 21:59h, hora en la que recibe el fiscal general del Estado un correo que requiere y que contiene el que finalmente se filtra, y hasta que se publica la filtración a las 23:51 horas, hay tan solo un número muy reducido de personas” que tienen acceso a “todos los correos entre la Fiscalía y el abogado de la defensa” y que tienen conocimiento, no solo de que el Ministerio Público está elaborando un “comunicado”, sino del “periodo temporal aproximado en el que éste se publicará”.
En concreto, los agentes inciden en que “estas dos circunstancias solamente se dan primigeniamente en la Fiscalía, por lo que la filtración debe iniciarse en ésta y, dentro de la misma, puede circunscribirse a la Fiscalía General del Estado, al fiscal jefe provincial, a la fiscal superior, a la fiscal decana de delitos económicos y al fiscal de delitos económicos”.
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