La producción y transformación de alimentos en de la Unión Europea es un proceso complejo, el cual representa el 6,4 del PIB -el 8,9% en España-, según los últimos datos disponibles. Un sistema que engloba a los agricultores, pescadores y ganaderos, pero también a las industrias que procesan y elaboran estos alimentos, hasta que finalmente acaban en la cesta de la compra del cliente. Es, por lo tanto, también un campo complejo en cuanto a regulación se refiere, dado que hay muchos intereses en juego y especialmente algunas obligaciones a tener en cuenta. La primera de todas ellas, la salud de los consumidores.
El organismo responsable de velar por esto último es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Esta entidad se encarga de vigilar y alertar de posibles alteraciones en los alimentos que pongan riesgo a las personas que los comen. Para ello, ejerce de punto nacional de contacto de tres redes diferentes: el Sistema Coordinado de intercambio Rápido de Información (SCIRI), la Red Internacional de Inocuidad de los Alimentos (INFOSAN) para actuaciones fuera de la Unión Europea, y la Red de Alerta Alimentaria de la Unión Europea, también conocida como el Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).
Un protocolo en busca de la inmediatez
Este último es un sistema de intercambio rápido de información acerca de riesgos para la salud humana relacionados con la comida, pero también los piensos -que comen los animales que más adelante ingeriremos nosotros-. Garantiza, de este modo, el seguimiento transfronterizo de información para reaccionar lo antes posible ante riesgos para la salud pública. Con este objetivo, es gestionado por la Comisión Europea, los diferentes estados miembros de la comunidad europea y la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia (EFSA).
Gracias a esto, desde su creación en el año 1979 la información se comparte de forma eficaz entre 32 países, proporcionado un servicio durante las 24 horas del día con el mismo procedimiento. En primer lugar, con una red de inspectores en cada país que investigan los productos en el mercado o en la frontera, pudiendo incluso tomar muestras de algunos de ellos. Si en alguno de estos análisis se concluye que el producto no es compatible, es notificado al sistema nacional, y este interpreta si es responsabilidad suya o del RASFF.
Alertar a cualquier territorio al que haya podido llegar el producto
Si es esto último lo que se decide, se contacta al punto de contacto nacional de esta institución, par que verifiquen y completen la notificación al RASFF cuando haga falta. Esto se realiza a través de un formulario en una plataforma digital gestionada por la Comisión, el iRASFF, integrado en el Sistema de Gestión de la Información sobre los Controles Oficiales (SCIGO): una página web que, en tiempo real y de manera interactiva, facilita el intercambio de información y donde los países interesados se proporcionan los distintos detalles, informando de los resultados obtenidos con el producto y la estrategia a seguir. También se incluye allí toda la documentación que resulte pertinente.
Por otro lado, la Comisión debe también informar a los países que no son miembros del RASFF si un producto del que se ha emitido una alerta ha sido exportado a ese tercer país, así como cuando un producto originario de ese lugar ha sido sujeto a una notificación. En uno y otro caso, se realiza con el fin de que dicho país tome las medidas pertinentes al respecto.
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