Este lunes da comienzo en la Audiencia Nacional el juicio contra una cincuentena de personas en el marco de la ‘Operación Mito’, sobre una red que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos. Son muchos los perfiles de los individuos que se van a sentar desde esta semana en el banquillo de los acusados, pero entre todos hay dos que destacan: José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, y Gonzalo Boye.
Miñanco es un conocido narcotraficante que ya ha pasado más de una vez por la cárcel, pero en el caso de Boye, estamos hablando de un abogado, sobre todo conocido por ser el defensor legal del expresident de Cataluña, Carles Puigdemont. ¿Qué es lo que une a estas dos personas para estar acusados en el mismo caso?
La ‘Operación Mito’
Para entender la razón de que estas dos personas vayan a sentarse juntos en el banquillo de los acusados hay que comprender las conclusiones que se sacaron de la investigación de la ‘Operación Mito’.
Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, durante los años 2016 a 2018, Sito Miñanco, aún estando encarcelado en la prisión de Algeciras, Cádiz, siguió operaciones de narcotráfico en España, utilizando una extensa red de contactos en Sudamérica y una sofisticada logística en territorio español. Miñanco coordinó la introducción y distribución de grandes cargamentos de drogas en el país, basándose en su influencia y en la infraestructura criminal previamente establecida.
Entre las acciones que llevó a cabo en este tiempo, la más destacada el transporte de 3,3 toneladas de cocaína en octubre de 2017 y la incautación de un contenedor con 615 kilos de esta sustancia en Holanda, en noviembre del mismo año. Para ello contó con la ayuda de expertos en temas de narcotráfico como Luis García Arango y Sabino Fernández Fernández, quienes ya habían sido condenados por delitos similares.
El dinero oculto en maletas se movía a Colombia gracias a ‘correos humanos’, pero en febrero de 2017 estos fueron interceptados por la Policía Nacional en el aeropuerto Madrid-Barajas con 889.620 euros. En ese momento Boye trabajaba como abogado del propio Miñanco en otro procedimiento diferente, por lo que, según el relato de la Fiscalía, le contactaron con el objetivo de que elaborara unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.
En este entramado, según el Ministerio Público, el papel de Boye habría sido el de dirigir y asesorar a otros abogados que “confeccionaron unos contratos de compraventa de unas letras de cambio de acuerdo con los cuales, González Rubio las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero”.
Junto a Boye, hay otros dos abogados acusados por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía. El fiscal solicita para Boye 9 años y 9 meses de prisión mas una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.
En el caso de Sito Miñanco, la Fiscalía Antidroga interesa 31 años y 6 meses de cárcel y 950 millones de multa por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.
Un juicio en el aire
Si bien el juicio está programado para que arranque este lunes, varios acusados han interesado suspenderlo dado que otro de los encausados se encuentran cumpliendo pena de cárcel en Senegal y consideran que debe asistir a la vista para no menoscabar su derecho de defensa, según informa Europa Press.
El tribunal, de la Sección Tercera, tendrá que analizar en la primera sesión, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), si acoge esta petición o decide arrancar la vista. En una providencia reciente, además, los magistrados ya han dado luz verde a que Sito Miñanco, y en general los encausados, declaren en el juicio en el último momento, una vez se hayan producido todas las testificales y periciales programadas.
Además, se da la circunstancia que después de presentado el escrito de acusación, dos de los 48 encausados han fallecido. Por lo que la causa quedará extinguida para ellos.
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