El Gobierno recurrirá el protocolo de Canarias sobre los menores migrantes al Constitucional

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el protocolo de acogida de menores migrantes del Gobierno canario después de que el Consejo de Estado haya dictaminado que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para recurrirlo. La decisión ha sido avalada por el órgano consultivo del Gobierno con relevancia constitucional y aseguran que el protocolo supone una “vulneración del derecho a la protección y asistencia especial que resulta imprescindible para garantizar su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y su integridad física”.

Ha sido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el que ha informado del dictamen este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que había sido pedido por el Gobierno ante “un posible conflicto de competencias”. “Existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir al Tribunal Constitucional [...]. Una comunidad autónoma no puede no cumplir con las competencias propias ni atribuirle otras al Estado”, ha dicho Torres tras leer parte del dictamen del Consejo de Estado, que ha sido aprobado por “unanimidad”. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó el pasado viernes suspender de forma cautelar del protocolo, después de que la Fiscalía considerara que vulnera los derechos fundamentales de los menores.

El documento establecía que, para que una comunidad autónoma pueda acoger a un menor migrante, primero sería necesaria su identificación, la inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa que determinara su asignación o ubicación individual, con la presencia de un intérprete. Además, la Administración General del Estado debería informar al gobierno autonómico sobre la existencia de un menor migrante “en condiciones de ser entregado”. La Fiscalía argumentó que viola el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral del artículo 15 de la Constitución, y ahora el Consejo de Estado ha decidido que estas exigencias “se exceden de la competencia autonómica”.

Existe una obligación de protección y asistencia a los menores

“Tanto si la minoría de edad es indubitada como si existen dudas acerca de la misma, las entidades públicas autonómicas de protección de menores del lugar de localización deberán hacerse inmediatamente cargo de los mismos sin que puedan rehusar o demorar su recepción”, ha asegurado el ministro en la lectura del dictamen. Además, Torres ha señalado que, aunque el Consejo de Estado precisa que las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, añade que “no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados”. De la misma forma, ha recordado que “existe una obligación de protección y asistencia” por parte de las instituciones públicas del Estado, pero que esta obligación del Estado “se encuentra sometida a las reglas de distribución de competencias del ordenamiento interno”.

De igual forma, está prevista una reunión entre el Gobierno central, el canario de Fernando Clavijo y el del PP con el objetivo de conseguir un acuerdo para modificar la ley de extranjería que establezca una acogida vinculante de los menores llegados a Canarias entre las comunidades. Torres ha expresado que espera que se produzca “cuando antes, en los próximos días”. Ya en el pasado mes de julio, la reforma del artículo 35 no prosperó porque PP, Junts y Vox votaron en contra.