
El juzgado de instrucción número 15 de Sevilla ha decidido devolver al juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer el caso del maltratador que se cambió de sexo con el objetivo de eludir una condena de 15 meses de cárcel por agredir reiteradamente a su pareja, tras un recurso presentado por el abogado de la mujer, José Antonio Sires, y un escrito de Fiscalía en el que no se aclaran las competencias en este caso.
Como ya contamos en Infobae España, Alicia (nombre ficticio) sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su pareja durante los 12 años que duró la relación. En 2019 el hombre fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas, aunque no fue hasta el 11 de septiembre de 2023, una vez que esa condena fue firme, cuando un juzgado ordenó su ingreso inmediato en la cárcel. Poco antes de esa fecha, sin embargo, se inscribió en el Registro Civil como mujer y pidió el indulto para no entrar en prisión, lo cual le sirvió para poder seguir amenazando y vigilando a Alicia.
Al tratarse de un juzgado no especializado, había seguido los ritmos de la justicia ordinaria, por lo que no se habían adoptado medidas para proteger a Alicia. Sin embargo, esta nueva decisión de la justicia de devolver el caso a un juzgado especializado de Violencia sobre la Mujer da esperanzas a la víctima, tal y como indica a este periódico su abogado.
“Si el caso hubiera seguido en la justicia ordinaria, el largo historial de condenas de ‘Candy’ (así se hizo llamar el agresor), que cuenta con sentencia firmes desde 2017 en el ámbito de violencia de género y pendiente de ingreso en prisión, supondría a todas luces beneficios legales y consecuentemente una merma de derechos para la víctima”, aclara el letrado de Sires Abogados.
La Fiscalía destaca ahora que la víctima no tiene por qué perder “ninguno de los derechos reconocidos en la Ley para sus medidas de protección integral contra la violencia de género”.

Aunque el agresor cambie de sexo, “será juzgado”
Cabe además recordar que la Ley Trans especifica que las agresiones machistas cometidas en el pasado por hombres que soliciten su cambio de sexo registral seguirán siendo castigadas con la agravante de género. De hecho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aclaró el pasado 5 de septiembre que existen instrumentos normativos “suficientes” que permiten garantizar la aplicación correcta de la Ley Trans y avisaba a quienes abusen de la norma de que “tendrán que enfrentarse al fraude de ley”.
El problema, aseguró entonces la ministra, “no es la ley, que en la inmensa mayoría de supuestos se aplica correctamente”, sino quienes abusan de ella. “A estos individuos, y a quienes los alientan, tengo que decirles claramente que se van a encontrar con dos problemas en vez de uno: Van a tener que enfrentarse a los delitos derivados de sus actitudes violentas y van a tener que enfrentarse al fraude de ley, que está prohibido con carácter general en los artículos 6 y 7 del Código Civil”.
Redondo también indicó que desde que entró en vigor la Ley Trans en marzo de 2023 se han solicitado un total de 5.900 cambios registrales de sexo, de los que 85 fueron denegados, ocho solicitantes desistieron y en otros cinco casos caducó el expediente.
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