En España, la Seguridad Social ofrece diversas ayudas a quienes, a causa de una enfermedad, deben dejar de trabajar o ven limitada su capacidad laboral. Estas prestaciones dependerán de numerosos factores, como el tiempo de duración de la enfermedad, su gravedad o su posibilidad de curación, entre otras cosas. En este sentido, existen dos tipos de incapacidades: la temporal (cuando un trabajador no puede desempeñar su labor de manera provisional debido a un accidente o una enfermedad) o la permanente. Y esta última es la que conlleva una pensión. Además, existen diversas ayudas disponibles para quienes tienen una discapacidad reconocida, adaptadas a sus necesidades específicas.
La pensión por incapacidad permanente se concede a los trabajadores que, después de recibir tratamiento médico y ser dados de alta, presentan reducciones anatómicas o funcionales graves que afectan su capacidad para trabajar. Existen cuatro grados de incapacidad permanente: Incapacidad Permanente Parcial (ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales), Incapacidad Permanente Total (al trabajador le resulta imposible realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual), Incapacidad Permanente Absoluta (deja a la persona enferma completamente inhabilitada para realizar cualquier tipo de trabajo) y Gran Invalidez (se accede cuando el trabajador necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida).
Con respecto al reconocimiento de una discapacidad, es importante saber que existen diferentes grados, y los beneficios varían según el nivel. A partir de un 33% de discapacidad, los pacientes pueden acceder a una serie de ayudas y subvenciones, que incluyen una pensión no contributiva por invalidez, beneficios fiscales en el IRPF, y reducciones o exenciones en tasas e impuestos estatales y municipales. Además, se ofrecen ayudas para el alquiler y la compra de vivienda, así como becas, y reserva de plazas en el ámbito educativo.
También hay programas diseñados para promover el empleo de personas con discapacidad, reducciones de impuestos en la adquisición de vehículos, ayudas para comprar vehículos adaptados, y la obtención de una tarjeta de aparcamiento.
El caso de las cardiopatías: pensión por incapacidad y discapacidad
Como explica la Unidad de Cardiopatías Congénitas (UCC), en el caso de que el trabajador padezca una enfermedad de corazón, “será la valoración de la sintomatología asociada y sus limitaciones” las que determinarán el mayor o menor grado de discapacidad o incapacidad reconocido.
En el caso de la incapacidad permanente por cardiopatías, esta es posible, pero no está garantizada. Su reconocimiento depende de la evaluación del Tribunal Médico y de la severidad de la insuficiencia cardíaca. En este contexto, el bufete madrileño Campmany Abogados explica que la incapacidad permanente total por cardiopatía se concede generalmente a personas cuyo trabajo implica un esfuerzo moderado a intenso, siempre que se cumplan ciertos criterios, como la presencia de disnea o dificultades respiratorias, entre otros factores médicos relevantes.
Por otro lado, la incapacidad permanente absoluta por cardiopatía exige criterios más severos que los requeridos para la incapacidad total, incluso si el tipo de trabajo implica el mismo nivel de esfuerzo. Esta condición se asigna cuando la enfermedad cardíaca presenta una mayor gravedad, incapacitando completamente al individuo para cualquier tipo de actividad laboral.
Además, la Gran Invalidez por cardiopatía se reconoce en casos de limitación funcional extrema, donde el paciente sufre de incapacidades severas incluso en reposo, con un riesgo elevado de muerte, lo que podría hacer necesario un trasplante de corazón para preservar la vida. En estas situaciones, la incapacidad es tan grave que el paciente requiere asistencia constante para realizar actividades básicas.
Por otro lado, también se puede acceder a una discapacidad por cardiopatía. Según la normativa, solo se evaluarán para una discapacidad a aquellos pacientes que hayan tenido una afección cardíaca con un curso clínico de al menos seis meses desde el diagnóstico y el inicio del tratamiento.
El grado de discapacidad reconocido depende del tipo de cardiopatía (como vascular, isquémica, congénita, miocardiopatía, entre otras) y se clasifica en cinco categorías según los resultados de la ergometría. La discapacidad puede variar considerablemente, desde menos del 25% en casos leves, hasta un 75% en situaciones de mayor gravedad.
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