El pleno del Parlament catalán ha dado este jueves luz verde a reformar el reglamento de la Cámara para, entre otros cambios, garantizar el voto desde el extranjero de los diputados de Junts Carles Puigdemont y Lluís Puig, aún pendientes de la amnistía.
La reforma, avalada por PSC-Units, Junts, ERC, los comunes y la CUP -las mismas formaciones que han impulsado el texto-, también equipara el método de conformación de grupos parlamentarios al existente en el Congreso de los Diputados -lo que facilitará a la CUP contar con grupo propio- y conlleva que las declaraciones institucionales puedan salir adelante solo mediante una mayoría cualificada de dos tercios y no por unanimidad, como era hasta ahora.
El cambio en el reglamento beneficia a Puigdemont y a Puig porque amplía los supuestos de delegación de voto e incorpora el voto telemático. El texto incluye una disposición transitoria que vincula esta opción a la ley de amnistía, ya aprobada y en curso pero, al menos por el momento, no efectiva en casos como los de Puigdemont y Puig.
PSC-Units, Junts, ERC, los comunes y la CUP impulsaron este texto después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera el recurso del PP contra la decisión de la Mesa de Edad del Parlament de aceptar el voto delegado de estos dos diputados, lo que permitió elegir a los miembros de la Mesa y constituir la cámara catalana.
En el pleno de este jueves, el diputado socialista Ferran Pedret ha defendido que la reforma no tiene “ni un tachón de inconstitucionalidad” y ha dicho que su partido forma parte de “la amplísima mayoría de Cataluña que quiere que las cosas vayan a mejor”, en contraposición, según él, al PP y a Vox, que han votado contra estos cambios reglamentarios.
Por parte de Junts, Jeannine Abella ha acusado a estas dos formaciones de “allanar el camino en Madrid”, donde se han acometido modificaciones similares, y “enmendar a la totalidad en Cataluña”.
La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Vilalta, ha dicho que con esta reforma se pone fin a una “anomalía” que tiene lugar desde 2017, ello usando “mecanismos que ya existen en otras cámaras parlamentarias” y pese a “la voluntad de entorpecer de la extrema derecha”.
Susanna Segovia, de los comunes, ha llamado a seguir ampliando derechos en la cámara, por ejemplo para hacer obligatoria la paridad de género en la Mesa del Parlament. La diputada de la CUP Laure Vega ha reivindicado la reforma porque “cuando una norma no es justa se debe cambiar y no obviar los problemas que genera”. Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha criticado a las otras formaciones independentistas por aceptar un “copia y pega” de lo ya existente en el reglamento del Congreso, lo que para ella significa “descatalanizar” el Parlament.
El PP anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional
Por parte del PP, ha tomado la palabra su portavoz parlamentario, Juan Fernández, que ha anunciado que los populares llevarán la reforma al Tribunal Constitucional, ya que ha dicho que esta “está hecha a medida de unos determinados intereses políticos y particulares”.
El PP ya llevó el texto al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que avaló la constitucionalidad de la reforma, lo que ha llevado al socialista Pedret a decirle a Fernández que “ya fue a por lana y salió trasquilado”.
El PP y Vox han presentado enmiendas a la totalidad, que han sido rechazadas, mientras que Junts ha planteado en solitario suprimir el artículo 25.4 del reglamento, que permitió la suspensión como diputada de Laura Borràs en 2022 tras la apertura de juicio oral por corrupción, lo que ha sido rechazado por el resto de grupos.
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