El Partido Popular ha decidido ordenar a sus socios votar ‘no’ en la toma de consideración de la reforma de la Ley de Extranjería, que muy probablemente se votará este martes en el Congreso de los Diputados y, tras esta decisión, no consiga salir adelante.
La resolución se ha tomado tras la reunión mantenida entre el PP y el Ministerio de Infancia este mismo lunes de manera telemática, que convocó el Gobierno tras recibir la negativa de Junts a votar a favor de la reforma. Los populares no se habían cerrado del todo a abstenerse siempre y cuando se aceptaran una serie de condiciones que proponían, como la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes y una mayor financiación.
Sin embargo, el periódico El Confidencial ha adelantado que en el partido de la oposición ha sentado muy mal que desde el Ejecutivo consideraran “mandar a un secretario de Estado y a un jefe de gabinete para convencer al PP era suficiente”. Una situación que ha puesto punto y final a un posible apoyo que ya estaba “muy lejos” de producirse, tal y como aseguró el portavoz del partido, Borja Sémper. “Suerte con sus socios de Junts”, han dicho fuentes de la formación según el citado medio.
El PP dice ‘no’ a la fase constitutiva
Con este panorama, el PSOE se quedará solo con los votos a favor de Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Coalición Canaria, lo que en suma daría con 165 votos a favor contra 177 ‘noes’, integrados por los parlamentarios del PP, Vox y Junts, que ya se había manifestado contrario a la reforma al no excluir a Cataluña del reparto de migrantes.
No seguirá adelante, por lo tanto, la toma de consideración de la reforma, que no es lo mismo que su aprobación. Con la abstención del Partido Popular, la ley se habría tramitado en el Congreso de los Diputados y aún habría habido tiempo para añadir cambios durante la fase constitutiva, algo que ha convencido a otros partidos como los nacionalistas vascos para votar a favor. En cambio, con su negativa se terminará dicha tramitación.
El contenido de la reforma
La propuesta del Gobierno pasaba por la modificación del artículo 35 de la Ley de extranjería, que es el que hace referencia a los menores no acompañados. En este, pensaba incluir el concepto de “situación de contingencia migratoria extraordinaria” para Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, de modo que cuando se produjera una “sobreocupación” con un número de migrantes menores mayor del 150% de lo permitido, se procediera a un reparto solidario con el resto de las comunidades autónomas.
El archipiélago canario se quedaría, entonces, con un total de 2.000 plazas disponibles para menores migrantes, que situaría en 3.000 la cifra a partir de la cual el resto de comunidades empezarían a acogerlos, también con un límite de plazas asignables. Por su parte, en Ceuta se podrían quedar 132 y en Melilla 249. Debido a la urgencia de la crisis migratoria y el alto número de menores que hay actualmente en canarias, que son 6.000, se había planteado un plazo máximo de un año para proceder a la redistribución entre el resto de regiones.
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