Qué puedo hacer si mi casero no me devuelve la fianza

Vivir de alquiler no es fácil. Puede que no estés sujeto a una hipoteca, pero lidiar con el casero o casera puede ser un proceso tortuoso si quieren timarte. El momento de la devolución de la fianza siempre es el más tenso: ¿me la devolverá? ¿me dirá que he desgastado el suelo de tanto pisar y me descontará 300 euros? Todo es posible, por lo que en este artículo vamos a analizar qué se debe hacer en el caso de que el arrendador se niegue a devolverte tu dinero.

El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece claramente que la fianza debe ser devuelta al arrendatario en el plazo de un mes desde la entrega de las llaves, siempre y cuando no existan deudas o desperfectos atribuibles al inquilino. Sin embargo, en la práctica, no siempre se respeta esta disposición y pueden surgir diversos problemas.

Uno de los motivos más comunes por los cuales el casero puede retener parte o la totalidad de la fianza es la existencia de daños en la propiedad o deudas pendientes. Si encuentra desperfectos en la vivienda, puede descontar el coste de las reparaciones de la fianza. Del mismo modo, si hay deudas pendientes por alquiler o servicios, estos pueden ser deducidos. Para evitar disputas, es esencial que ambas partes firmen un documento de finiquito de contrato y entrega de llaves, en el cual se detallen los posibles daños y deudas.

Pero el principal problema es cuando, aunque la vivienda esté en perfecto estado y no haya deudas, el arrendador alega motivos ficticios o infundados para no devolver la fianza. En estos casos, es crucial que el inquilino tenga bien documentado el estado de la vivienda al inicio y al final del contrato. Fotos, vídeos y un inventario detallado pueden servir como prueba en caso de disputa.

Cómo reclamar la fianza

Cuando un arrendador se niega a devolver la fianza sin justificación válida, el arrendatario tiene derecho a reclamar su devolución a través de los tribunales. Este proceso puede parecer complejo, pero es esencial para proteger los derechos del inquilino y asegurar el cumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El primer paso en un reclamo judicial es preparar toda la documentación necesaria que respalde la solicitud de devolución de la fianza. Es fundamental contar con:

• Contrato de arrendamiento: este documento establece las condiciones del alquiler y la cantidad de dinero entrega de fianza.
• Inventario inicial y final: Detalles de los bienes y el estado de la vivienda al inicio y al término del contrato.
• Fotografías o vídeos: Imágenes que muestren el estado de la propiedad al finalizar el contrato.
• Finiquito de contrato y entrega de llaves: Documento que puede incluir el reconocimiento de deudas pendientes o desperfectos por ambas partes.

Antes de recurrir a los tribunales, es recomendable intentar resolver el conflicto de manera amistosa. Enviar una carta de reclamación al arrendador es un paso crucial. Esta carta debe incluir una descripción detallada de la situación, las razones por las cuales se solicita la devolución de la fianza, y un plazo razonable para la respuesta.

Si la reclamación extrajudicial no resulta efectiva, el siguiente paso es presentar una demanda judicial. Dependiendo de la cuantía de la fianza y la legislación local, este proceso puede llevarse a cabo en un juzgado de primera instancia o en un juzgado de lo mercantil.

• Demanda por escrito: La demanda debe incluir todos los detalles del caso, así como la documentación recopilada. Es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en arrendamientos.
• Audiencia previa: En esta etapa, ambas partes pueden presentar sus argumentos y pruebas ante el juez.
• Juicio: Si no se llega a un acuerdo durante la audiencia previa, se procede a un juicio donde el juez decidirá sobre la devolución de la fianza.

El juez evaluará las pruebas presentadas y dictará una sentencia. Si el fallo es favorable al arrendatario, el arrendador estará obligado a devolver la fianza, y en algunos casos, también puede ser condenado a pagar intereses y costes judiciales.