El riesgo de pobreza y exclusión social -tasa AROPE- ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida, según el XIV Informe El Estado de la Pobreza en España que ha presentado este martes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
En términos absolutos, unos 12,7 millones de personas están en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y alrededor de 9,7 millones de personas viven en pobreza, con ingresos inferiores a 10.989 euros anuales (916 euros al mes). Y a pesar de que el informe reconozca “una mejora sustancial de la renta”, que en 2023 experimentó un fuerte crecimiento respecto al año anterior, hasta los 14.082 euros, con un aumento de 1.074 euros (8,3%) con respecto a 2022, no es suficiente para mantener la capacidad de consumo de la población más vulnerable, “lastrada con toda seguridad por el incremento de los precios energéticos, de los alimentos y la vivienda”.
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La vivienda, determinante para la pobreza
Las personas que viven de alquiler tienen más posibilidades de caer en la pobreza debido a la actual crisis de la vivienda. la EAPN asegura que la escasez de alquileres asequibles y las dificultades para acceder a una propiedad son dos de los “principales factores generadores de pobreza”, ya que los ingresos de los hogares son “insuficientes para hacer frente al aumento del precio de los alquileres”. Entre las personas que alquilan, la tasa de pobreza (33,1 %) y la carencia material y social severa (20,1 %) son mayores que las registradas entre quienes tienen vivienda en propiedad (15,8 % y 6 %, respectivamente).
“El alquiler exige un esfuerzo económico mayor y supone un agravante de la pobreza”, subraya el texto, donde se recuerda que desde 2016 el gasto por arrendar una vivienda es superior al de la cuota hipotecaria, dado que el precio medio del alquiler se ha incrementado cerca de tres veces más que la renta por persona.
Pobres a pesar de tener empleo
El informe también asegura que “las condiciones laborales precarias multiplican por dos las posibilidades de caer en la pobreza”. Los contratos temporales, la jornada parcial, los empleos de baja calidad y los bajos salarios como algunos de los elementos que contribuyen a esta casuística.
Concretamente, en 2023 el 32% de las personas pobres tenían un empleo, lo que lleva a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a pedir que la creación de puestos de trabajo vaya “acompañada de condiciones contractuales estables y dignas” que permitan a los trabajadores “desarrollar sus vidas con calidad y sin incertidumbres”.
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La discapacidad, otro factor de riesgo
Las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevada que aquellas que no la tienen. El año pasado, el 31% de las personas con discapacidad estaban en riesgo de pobreza, mientras que para el resto la cifra fue del 22,7%. Las personas con discapacidad mantienen una renta media de 14.335 euros, cifra 638 euros inferior a la del resto de la población, lo provoca que casi el 28 % encuentren dificultades para llegar a fin de mes.
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