La Audiencia Provincial de Cuenca se encuentra en vísperas de un juicio que ha conmocionado a la comunidad local, en el que un sacerdote de 33 años es acusado de haber cometido delitos de índole sexual contra menores en el verano de 2020. El Ministerio Fiscal solicita para el religioso una pena de once años y medio de prisión, además de una indemnización de 9.000 euros destinada a las víctimas de sus actos.
Los cargos formulados contra el acusado incluyen dos delitos de abusos sexuales a menores y un delito de ciberacoso sexual hacia otra menor. Según se desprende del escrito de conclusiones provisionales, estos hechos tuvieron lugar en una localidad de Cuenca, donde el sacerdote ejercía como párroco. Es en este contexto donde, aprovechando las instalaciones de su domicilio particular y de otro inmueble perteneciente a la Iglesia -conocido como “casa del cura”-, el acusado habría perpetrado sus delitos.
La Fiscalía menciona que el sacerdote invitaba a los menores a jugar al juego de las “tinieblas” en estos lugares, aprovechando dicho contexto lúdico para abusar de su posición de autoridad y confianza depositada por parte de los padres de los niños. Específicamente, se le acusa de realizar tocamientos inapropiados en los pechos de una menor y en los genitales de un menor, ambos de trece años de edad.
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Además, se le atribuye haber mantenido una conversación a través de WhatsApp con una menor de quince años en la madrugada del 5 de agosto, utilizando frases de “inequívoco sentido sexual”. Tras este intercambio, el acusado habría citado a la menor en su domicilio al día siguiente, cita a la cual la menor no acudió. Los padres de la adolescente, alertados por esta situación, decidieron poner los hechos en conocimiento de las autoridades eclesiásticas.
Expediente sancionador
La respuesta de la Iglesia ante esta denuncia fue la apertura de un expediente sancionador y el traslado de los hechos a la Fiscalía, lo que eventualmente condujo a la interposición de una querella en julio de 2022. Cabe destacar que, en ese momento, los representantes legales de los menores expresaron su deseo de no formular denuncia.
Para los delitos de abuso sexual, la petición de sentencia incluye cinco años de prisión por cada acusación, además de ocho años de libertad vigilada y diez años durante los cuales el acusado no podrá acercarse a menos de 200 metros de las víctimas ni desempeñar labores profesionales o de voluntariado que impliquen contacto directo con menores.
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En cuanto al delito de ciberacoso sexual, se solicita una pena de un año y seis meses de prisión, cinco años de libertad vigilada, la misma cantidad de tiempo en inhabilitación para ocupaciones con menores, junto con una orden de alejamiento de la víctima por tres años, durante los cuales no podrá acercarse a más de 200 metros ni establecer comunicación alguna con ella. Este juicio, marcado por la gravedad de los delitos y la vulnerabilidad de las víctimas, se sitúa en el foco de atención de la comunidad, esperando que se haga justicia y se reparen, en la medida de lo posible, los daños causados a los menores afectados.
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