
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha tenido que indemnizar a la familia de un paciente que falleció después de que la sanidad pública de la región no detectara un cáncer en un TAC realizado durante una revisión rutinaria. La prueba se llevó a cabo en enero de 2019 y tres años después, el hombre de 72 años fallecía a causa de un cáncer de pulmón que no fue visto en las radiografías, a pesar de que al revisarlas había indicios de ello.
De esta forma, el servicio de salud de Extremadura tendrá que pagar 178.051 euros a la familia como consecuencia de una indemnización por mala praxis para reparar los daños causados. Durante la revisión, el TAC reveló “una masa sospechosa de malignidad”, pero “ni el neurólogo ni el radiólogo informaron sobre este hallazgo al paciente”.
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Los informes posteriores que investigan el fallecimiento del hombre confirmaron que se trató de un caso de mala praxis. En concreto, la inspección médica publicó un informe en el que aseguraba que “existían dos pruebas de imagen en 2019 que, en su conjunto, indicaban la posible existencia de un cáncer”, según uno de los extractos del mismo facilitados a Infobae.
Tres años después aparecen los síntomas
Tres años después de aquel TAC, el hombre comenzó a padecer “náuseas, vómitos, astenia, cansancio, pérdida de apetito y pérdida de peso”, tal y como denuncia la Asociación del Defensor del Paciente, por lo que fue sometido a pruebas donde se confirmó la presencia de un cáncer de pulmón.
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“El servicio de Neurología tuvo a su disposición los resultados de dichas pruebas, si bien solo se ciñó a la primera de ellas sin interesarse o leer, al parecer, el resultado de la segunda prueba”, se puede leer en el informe de inspección médica. El problema reside en que no se notificó al paciente de los resultados de 2019 que podrían haber dado pie al inicio del tratamiento médico.
El informe sentencia de forma contundente sobre la responsabilidad del servicio de salud extremeño: “El hecho de si Radiología informó o no telefónicamente a Neurología de los hallazgos, o de si la responsabilidad de actuar en función de dichos hallazgos corresponde a uno u otro servicio, pertenecen al ámbito organizativo funcional de un servicio hospitalario de atención especializada, y deberían ser conocidos y aplicados por los profesionales del mismo, pero lo que no puede admitirse es que la ausencia o mal funcionamiento de dicha organización, derive en la ausencia de información a un paciente de hallazgos que podrían ser graves y que requerirían estudio y tratamiento inmediatos”, zanja.
A lo largo del último año completo, la Asociación el Defensor del Paciente recibió en 2023 un total de 12.071 denuncias por negligencias médicas (1.540 menos que en 2022), de los cuales 602 fueron con resultado de muerte (97 menos), según recoge en su memoria anual que ha hecho pública este lunes.
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