El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad un acuerdo en la que insta al Congreso de los Diputados y al Senado que se “abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional”.
“Si, a pesar de ello, fuesen citados con ese objeto a una comisión de investigación, la Comisión Permanente denegará la autorización de comisiones de servicios a los integrantes del Poder Judicial para que comparezcan”, ha anunciado el Pleno en su acuerdo, que ha salido adelante con el voto unánime de los vocales de los bloques conservador y progresista.
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La reunión ordinaria de este jueves tenía como punto principal la posible comparecencia de jueces y magistrados en comisiones como la de la denominada Operación Cataluña o la de el caso Pegasus, donde se han mencionado supuestos casos de lawfare. La inclusión de este asunto en el orden del día fue solicitado por la mayoría conservadora, que ante los señalamientos a jueces y la intención de criminalizar la labor judicial, pedía que el Consejo se posicione para poner “fin a tal acoso y quiebra del Estado de derecho”.
Tampoco se autorizan los escritos
El acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que consta de cuatro puntos, cierra la puerta a la citación de miembros de la carrera judicial en dichas comisiones y remarca que tampoco podrán “revelar por escrito o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieran tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional”.
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En el texto que acompaña el acuerdo, el Consejo señala que “destacados portavoces de los grupos parlamentarios que han promovido la constitución de las comisiones de investigación insisten en que se recabe la comparecencia en ellas de jueces y magistrados. Se hace necesario, por lo tanto, que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial deba pronunciarse de nuevo al respecto para manifestar, en primer lugar y sin reserva alguna, el absoluto respeto de este órgano constitucional a la autonomía de las Cámaras que forman las Cortes Generales para que creen cuantas comisiones de esa naturaleza estimen conveniente al amparo del artículo 76 de la Constitución (CE) a fin de esclarecer los hechos acaecidos sobre los asuntos objeto de las mismas con el propósito de exigir, en su caso, la responsabilidad política gubernamental que proceda”.
También destaca “el recordatorio de que cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo ha de completarse con el llamamiento a que se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional en la que nos encontramos cuya duración ha rebasado con creces el límite de lo tolerable”.
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