Óscar Puente: “Casos de lawfare sin duda hay en España y negarlo es un gesto de cinismo”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible pide al Poder Judicial que no se “agarre al corporativismo” y alude al de Victoria Rosell como el ejemplo más palmario

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Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en rueda de prensa. (EFE/Fernando Villar)
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en rueda de prensa. (EFE/Fernando Villar)

Óscar Puente no ha dejado de ser Óscar Puente por ser nombrado ministro Transportes y Movilidad Sostenible. Siendo Óscar Puente -en su versión genuina en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo- ha alcanzado su mayor responsabilidad política. El ejemplo más reciente es su entrevista concedida a Esther Palomera en eldiario.es, en la que sostiene que sí, que en España hay lawfare, es decir una justicia que ante situaciones o protagonistas puntuales opera con intereses políticos, es decir una clamorosa ruptura de la separación de poderes, es decir prevaricación.

Palomera pregunta a Puente si “existe” en nuestro país, y es pertinente porque el concepto rodeó la negociación entre el PSOE y Junts per Catalunya en torno a la amnistía. Para el independentismo no es un hecho menor el reconocimiento de que ha podido ser perseguido al margen de la ley. Y Puente responde: “Esto es como las meigas, que uno puede no creer en ellas, pero haberlas, haylas. Casos de lawfare sin duda hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. El Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay porque los hay, los ha habido y están demostrados”.

El ministro añade que algunos de esos casos han sido “de alta intensidad” y pone como ejemplo el intento del juez Salvador Alba de acabar con la carrera y la reputación de su compañera magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, por la simple razón de ser de Podemos. Alba se encuentra en prisión, condenado a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. “Es un caso de lawfare de libro, pero hay otros de menor intensidad que están muy claros también”, apunta Puente.

Óscar Puente posa antes de su primer Consejo de Ministros, el pasado miércoles en Moncloa. (Reuters/Juan Medina)
Óscar Puente posa antes de su primer Consejo de Ministros, el pasado miércoles en Moncloa. (Reuters/Juan Medina)

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En relación con la imputación de Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, obra del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el socialista se expresa más prudente: “Vamos a verlo. Yo creo que el procedimiento no ha hecho todo su recorrido hasta el final. En todo caso, nosotros no vamos a establecer instrumentos de revisión de sentencias. Las sentencias las revisan los tribunales y ya está. Pero también creo que para nuestra democracia y como poder político que somos, tenemos el derecho de ser críticos”.

Alegría respalda a Puente

Puente reivindica su derecho a valorar la actuación de la justicia como -y asegura que no le “gusta”- ve a jueces “que opinan todo el día sobre política”. Y zanja: “Eligieron un camino que era hablar a través de sus sentencias. Yo creo que nosotros estamos en nuestro derecho, sobre todo de poner el dedo en determinadas actuaciones que claramente tienen un cierto perfil político y una cierta finalidad política”.

Puente no está solo. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha ayudado con otro ejemplo en ‘La Hora de La 1′, en TVE. “Todos tenemos en la memoria al ministro Jorge Fernández Díaz y el mensaje de Ignacio Cosidó”, recordando aquella conversación en whatsapp filtrada en 2018 en el que, tras una renovación pactada por PP y PSOE del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el segundo presumía ante el primero afirmando: “Controlaremos la Sala Segunda desde detrás”.

Se trata de unas nuevas declaraciones altisonantes o no habituales en el seno del Gobierno, firme frente a toda amenaza a su gestión o credibilidad. Con la misma intensidad se expresó Puente la semana pasada, recién estrenado el cargo, en una entrevista también en TVE, esta vez sobre la amnistía, reconociendo abiertamente lo que por otro lado era de manejo público: “Cuando se me pregunta ‘¿si no hubiérais necesitado esto para la investidura, lo hubiérais adoptado?’ Probablemente no. Pero también añado que estoy convencido de que a lo largo del mandato, esta medida hubiera acabado imponiéndose”.

Óscar Puente admite que la amnistía no hubiera llegado (en este momento) de no ser por su necesidad para la investidura de Pedro Sánchez.

“Óscar Puente, ¿ministro de alto perfil político, azote de la oposición o pararrayos de Pedro Sánchez?”, pregunta Palomera. “Creo que ninguna de esas tres cosas”, responde. “Al final, lo de azote es una etiqueta bastante interesada. Os sorprendería, pero voy a desvelar alguna conversación con el presidente: el encargo que me ha hecho no es ser azote de nadie. Al revés, me ha dicho claramente que tengo que ser el alcalde que transformó Valladolid y me ha pedido que me haga cargo del ministerio para transformar este país. Y eso es lo que voy a hacer”, resuelve.

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