“Día importante para Doñana”, aseguraba este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). El sello oficial al acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España pone punto y final a una polémica que ha durado más de un año y en el que incluso la Unión Europea o la UNESCO han sido voces protagonistas.
La ministra Teresa Ribera ha anunciado la inversión de 356 millones de euros en el Parque nacional de Doñana y sus alrededores para diferentes planes estratégicos: “Esta inversión se suman a los 350 invertidos en actuaciones ambientales para Doñana presentados hace un año. Son 706 millones para Doñana y su entorno, cantidad que tiene que ser bien invertida en personas y ecosistemas”, ha sostenido la responsable del MITECO. Se prevé que 118 millones (el 33%) estén ya en ejecución a lo largo de 2023.
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La proposición de ley anunciada por Juanma Moreno, presidente del PP y de Andalucía, no verá la luz después de la intermediación de la ministra de medioambiente, que ha frenado la reforma que ampliaba hectáreas para el regadío en el Parque Nacional de Doñana y ponía en riesgo un paraje ya de por sí maltrecho por la escasez de agua, los pozos ilegales y el cambio climático. Aumentar los regadíos implicaba un mayor desgaste del Parque Nacional por el aumento de la desertificación en un escenario muy acusado por la sequía. Sin embargo, la reforma contentaba a los agricultores y propietarios de tierras, que no podían explotar con cultivos de regadío sus campos. “Este nuevo acuerdo es mejor”, ha anunciado Moreno, que también ha aprovechado para reconocer que la proposicón de ley ha sido retirada.
Para reformar la región y encontrar políticas sostenibles que no afecten a la naturaleza de Doñana, el MITECO ha anunciado que se invertirán otros 356 millones de euros para 14 municipios del Condado afectado por esa proposición de ley y eje del conflicto. Incluso la UNESCO amenazó con retirar a Doñana el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, algo que no hizo recapacitar al Gobierno de Moreno, que incluso aprobó en comisión parlamentaria los últimos flecos y estaba ya dispuesto a aprobar la normativa. El plan daba prioridad al beneficio económico a corto plazo antes que la estabilidad del parque protegido y Europa, desde varias instituciones, se había mostrado en contra de esta política. Ya en 2021, la Justicia europea había sancionado a España por no frenar el expolio de agua.
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Las negociaciones comenzaron el 3 de octubre y quedan zanjadas una semana antes del inicio de la Cumbre del Clima en Dubai. Juanma Moreno ha señalado que es la consolidación de un “acuerdo histórico” que va a “beneficiar a los 14 municipios del área de influencia de Doñana”, mientras que Teresa Ribera ha señalado que este acuerdo “refleja nuestra convicción de que debemos responder a los mandatos de la legislación europea e internacional y subraya la trascendencia que los tesoros de las generaciones de hoy lo sigan siendo mañana”.
El eje del conflicto (y de la solución) ha pasado por esas 700 hectáreas que se quedaron fuera de ordenación en 2014 cuando se aprobó el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana. En esos territorios no se podían llevar a cabo políticas de regadío, de forma que la inversión anunciada por el Gobierno busca compensar las pérdidas económicas que genera para estos agricultores.
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