La proposición de ley de amnistía ya está registrada en el Congreso de los Diputados, por lo que el texto ya está sobre la mesa y a mano para cualquier análisis. El del Partido Popular se centra en tres ejes: las mentiras, la inclusión no explícita del concepto de lawfare y que está incompleta. En esto es en lo que se amparan para pensar que la Comisión Europea se pronunciará de manera más firme en cuanto tengan un texto final.
Tras su análisis, fuentes de la Dirección Nacional del PP concluyen que la amnistía “no es constitucional” ni para su partido, ni para la inmensa mayoría de la doctrina y tampoco para Pedro Sánchez antes de las elecciones generales del 23 de julio. Para los de Alberto Núñez Feijóo hay “tres mentiras” en la exposición de motivos de la ley, que dice así: “Con esta ley orgánica de amnistía, las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro”.
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Mentiras y preocupación en Europa
Los populares señalan que no hay una sentencia favorable del Tribunal Constitucional a la amnistía, y justifican que la amnistía fiscal del exministro Cristóbal Montoro, declarada inconstitucional en 2017, “decía lo contrario”. Además, tampoco es como la de 1977, aprobada antes de la Constitución de 1978, “porque había un sistema penal injusto”. Y, por último, señalan que no es necesaria para “normalizar” la situación en Catalunya, ya que solo lo es para que Pedro Sánchez tenga los suficientes votos para ser investido presidente del Gobierno.
El Partido Popular alega que el ámbito de aplicación de esta ley es más político que jurídico, e insisten en las alusiones al “antiguo régimen”. También denuncian que, a través de la misma, se amnistía el terrorismo, mientras que no se contemplan los delitos de tortura de los que está acusada la Policía, dejando fuera a las decenas de policías investigados por las cargas policiales del 1-O. Según un informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), 1.014 personas sufrieron torturas en 2017 por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de prisiones y centros de menores en 224 situaciones.
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Y discuten la afirmación de que no hay mención al lawfare. El PP señala que el artículo 1 de esta ley, que detalla el ámbito de la amnistía, lo recoge en las conductas “no delictivas”, lo que servirá para decir que los jueces han perseguido al independentismo por estos supuestos. “Incluir conductas que no son delitos es el primer eslabón”, señalan los populares. También critican que la ley no es completa, ya que faltarían las aportaciones de Junts, ERC y Bildu, que creen que llegarán. Y, como ya señaló Feijóo en su intervención en la primera sesión del pleno de investidura de Pedro Sánchez, desconfían sobre el hecho de que no haya acuerdo público con Bildu.
A su juicio, la ley es un traje a medida, con particularidades escritas para personas con nombres y apellidos, como Carles Puigdemont. Lo argumentan con el hecho de que las medidas cautelares queden fuera de la suspensión de la aplicación de la ley en el caso de que haya recurso en el Tribunal Supremo. Para el PP, está hecha para que el Poder Judicial no tenga margen de maniobra y que, además, provoca que se puedan amnistiar hechos a futuro si tienen que ver con el procès, a pesar de estar limitada temporalmente.
El Partido Popular insiste en la “honda preocupación” que circula en la Unión Europea. A su juicio, la misma no responde a las denuncias del PP, sino a la de los jueces, abogados, notarios y el ámbito judicial en España. Por ello, creen que la Comisión esperará a tener la ley completa para analizarla, porque saben que se puede cambiar en la tramitación.
De esta forma, aluden a que la Comisión se pronunció sobre este texto señalando que, a priori, no actuará, porque no toca los fondos europeos y no hay lawfare. El Partido Popular, que se enfrascó en una ofensiva contra la amnistía en Europea, alude ahora preocupación porque haya sanciones que sí pongan en riesgo los fondos europeos.
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