El último desplante del Ministerio del Interior a las asociaciones de la Guardia Civil ha provocado la unión de todas ellas contra lo que califican como un “ataque sin precedentes”. Los 16 vocales del Consejo del Instituto Armado acudieron a la convocatoria del pasado 28 de septiembre para protestar por la pérdida de competencias que viene sufriendo el cuerpo en puertos y aeropuertos, además del traspaso de Tráfico a la Policía Foral de Navarra. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no acudió a presidir el Consejo dado que estaba en Bruselas, pero tampoco bajó de su despacho el actual director de la Guardia Civil, Fernando Marcos.
A mitad de reunión, los 16 vocales se levantaron de la mesa y decidieron abandonar el Consejo en unidad de acción de todas las asociaciones, un hecho sin precedentes. En una rueda de prensa conjunta celebrada este miércoles, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández, ha relatado que cuando estaban saliendo de las instalaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, se cruzaron con Marcos y éste les dijo: “Yo no dialogo, yo ordeno. Entrad para adentro”. Pero los vocales no dieron marcha atrás.
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Estas asociaciones son Jucil, AUGC, Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC) y Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (AES-GC).
Ahora piden una reunión urgente con Marlaska para “dialogar” y “saber qué intenciones tiene” para la Guardia Civil. Los representantes de las siete asociaciones representadas han descrito algunas “actuaciones irrespetuosas” relacionadas con la pérdida de competencias del Instituto Armado. Tras el traspaso de Tráfico a la Policía Foral de Navarra, exponen que Interior les está arrebatando competencias en los puertos, empezando por los de Santander y Melilla. Según han explicado en rueda de prensa, Interior habría firmado una orden para que la autoridad portuaria entregue funciones como la seguridad ciudadana o la policía judicial a la Policía Nacional, cuando hasta la fecha eran competencia de la Guardia Civil.
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“Acciones conjuntas”
El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha remarcado que “cuando las competencias se modifican a golpe de ley, genera problemas entre los cuerpos de seguridad y al final el que lo paga es el ciudadano”.
El temor de las asociaciones a un desmantelamiento de la Guardia Civil “por la puerta de atrás” ha provocado que exijan sentarse con Marlaska. Si el ministro no accede al reclamo, aseguran que habrá “acciones conjuntas” aunque inicialmente no pretenden “plantear un escenario de confrontación máxima”.
Otra de las denuncias de las asociaciones es el “agravio” que sufren respecto a la Policía Nacional en cuanto a la cadencia de turnos laborales. “En el otro cuerpo policial dependiente del mismo Ministerio del Interior llevan años mejorando sus cadencias de turnos de servicio, que mejoran la conciliación de la vida laboral y familiar”, indican en una nota de prensa conjunta.
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