La Junta de Extremadura deberá realizar la demolición de todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento en el complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, según ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX).
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEX ha dictado un auto en el que acuerda que se continúe la ejecución de los pronunciamientos que no han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional. Así, ha recordado en su auto que la ejecución estaba suspendida por los recursos de casación que luego fueron inadmitidos por el Tribunal Supremo, según ha informado el TSJEX.
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Igualmente, el Tribunal Constitucional, en un auto de fecha 20 de junio, acordó suspender la ejecución exclusivamente respecto de los elementos que el TSJEX había acordado inicialmente que no se demolieran en el auto de imposibilidad material parcial de fecha 30 de junio de 2020. Por todo ello, señala la Sala, “no estando suspendida el resto de la ejecución, procede continuar la misma”.
En la parte dispositiva, el auto detalla que la Junta de Extremadura debe proceder a la demolición del segundo hotel planificado y el resto de las viviendas que se iban a construir. También las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto, salvo, en el caso de estas últimas, que por razones de colindancia pudieran afectar a la seguridad de otras viviendas. Asimismo, se acuerda la revegetación de las plataformas existentes que no han sido urbanizadas, con la eliminación de estas plataformas y los residuos que aparecen en ellas.
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Las organizaciones conservacionistas Adenex y Ecologistas en Acción de Extremadura iniciaron hace más de quince años un proceso administrativo y judicial en contra de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, al considerar que había sido levantada en una zona Red Natura 2000, “un espacio teóricamente protegido y no urbanizable”.
Desde entonces, sobre el complejo turístico, ubicado en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), pesan ya varias sentencias judiciales, que declaran la nulidad del Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Junta en 2007 y que permitió la recalificación de los terrenos para la construcción.
Estas sentencias obligan al Ejecutivo extremeño a demoler lo construido y a restituir los terrenos a su estado original, aunque su ejecución está suspendida por varios recursos.
Información elaborada por Europa Press
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