Los hipotecados dan la espalda al Código de Buenas Prácticas: presentan 33.000 solicitudes frente al millón previsto

El Código de Buenas Prácticas impulsado por el Gobierno en colaboración con la banca para facilitar a las familias vulnerables el pago de la hipoteca tras la subida del euríbor no tiene los resultados esperados. Entre enero y mayo se contabilizaron unas 33.000 solicitudes, muy lejos del millón previsto por el Ejecutivo.

Este mecanismo permite a los hipotecados que cumplan unos requisitos de ingresos y tengan suscrita una hipoteca variable con un banco que participe en este programa de ayudas, alargar el plazo de las hipotecas hasta siete años para reducir la cuota, pedir un período de carencia de hasta cinco años en el que solo se paguen intereses o solicitar que se congele el pago de la hipoteca durante 12 meses.

Pero estas alternativas no salen gratis. Según los cálculos de Kelisto, los gastos derivados de estas operaciones aumentan el coste final de la hipoteca entre un 16% y un 72%, dependiendo de la opción elegida.

Otras opciones son solicitar una ampliación del plazo del préstamo mediante una novación, o negociar una carencia, alternativas que no recomiendan los analistas, ya que “ambos trámites tienen costes y, a la larga, encarecen la cantidad que se terminará pagando en concepto de intereses”, advierte Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto.

Una demanda “muy escasa”

Solo un 8% de los hipotecados han solicitado adherirse al código, informan desde Fotocasa: “A pesar del brusco encarecimiento de los créditos, todavía no se detecta que un gran volumen de hipotecados a tipo variable esté solicitando acogerse al código, más bien, la demanda es muy escasa”.

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La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido que hasta mayo solo se habían recibido 33.000 solicitudes de adhesión, cuando desde el Gobierno se había previsto alcanzar un millón.

Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, incide en que el mecanismo ha sido, por el momento, “poco efectivo”. A su juicio, “el objetivo para el que se creó es muy loable, pero el coste que puede suponer adherirse a él disuade a muchos hipotecados a hacerlo”. Argumenta que cambiar las condiciones de la hipoteca variable puede suponer un aumento de intereses que “muchos hipotecados no quieren ni pueden asumir”.

Negociar primero con el banco

Otras de las razones que explican la escasa adhesión son el gran desconocimiento que existe sobre este protocolo de ayudas entre los hipotecados y que muchos de ellos llegan a un acuerdo con el banco antes de recurrir al código.

“Los bancos están negociando con sus clientes que tienen problemas para pagar la hipoteca antes de ofrecerles unirse al código. Les dan una solución personalizada adaptada a sus bolsillos”, señala Font.

Estos acuerdos se reflejan en que la renegociación de hipotecas ha subido un 204,87% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2022, haciendo que el importe total renegociado alcanzara entre enero y junio los 2.192 millones de euros, una cifra muy superior a los 719 millones de los primeros seis meses de 2022, según datos del Banco de España.

También desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) han cuestionado la eficacia del programa de ayudas. Según su presidenta, Patricia Suárez, uno de sus fallos es que los que tengan hipotecas con aval no pueden acceder a él. Según la asociación, “la existencia de avalistas en buena parte de las hipotecas puede estar detrás del reducido impacto de las medidas de alivio”.

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Argumentan que para acceder a este mecanismo, los préstamos tienen que carecer de otras garantías, como el aval personal de algún familiar. En este caso, señalan, que dicha garantía ejerce un efecto “perverso” al impedir la concesión de una medida pensada para aliviar de manera coyuntural el impacto de la subida del euríbor en una hipoteca concreta, por lo que “una buena parte de los potenciales beneficiarios se están quedando sin solución”.

Consideran que “no se puede admitir” que precisamente esas familias, que han sido avaladas porque el propio banco consideró que no tenían suficientes ingresos, ahora se vean excluidas del código. Por ello, Patricia Suárez solicita al Gobierno que “revise el código o no llegará a las familias que más lo necesitan”.