El PP tiene una misión: intentar que Pedro Sánchez no sea presidente del Gobierno. Eso pasa por boicotear las negociaciones con Junts para evitar que vote a favor del candidato socialista en una eventual investidura. El partido de Alberto Núñez Feijóo ya ha empezado a enseñar la patita en cuanto la izquierda ha abierto sutilmente la puerta de las negociaciones.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, lanzó una primera propuesta a los partidos independentistas para buscar su apoyo a Pedro Sánchez: la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde hace 14 años. En concreto, el Gobierno se abrió a asumir parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de Cataluña y de otras comunidades autónomas.
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Y es que Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero debe (71.852 millones de euros). Le siguen la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758 millones de euros). Madrid, Navarra y País Vasco no deben nada. Sin embargo, la mayor parte de la deuda (98.307 millones de euros) la acaparan las comunidades autónomas gobernadas por la derecha (incluso sin contar el de Aragón, con un gobierno aún en funciones, pero donde ha ganado el PP el 28M).
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Aunque a los gobiernos de la Comunidad Valenciana (PP y Vox), de Andalucía (PP) y de Murcia (PP), les compensa el perdón del dinero que deben (entre los tres suman 81.312 millones de euros de deuda, 9.460 más que Cataluña), el Partido Popular apuesta por la rentabilidad de las críticas al Gobierno. Así, la Dirección Nacional del partido ha censurado la condonación de la deuda catalana alegando un uso partidista del sistema de financiación, así como la quita general que, a su juicio, podría “premiar” a quien “peor ha gestionado económicamente sus recursos”.
Ayuso, Moreno, Mazón y Rueda rechazan las “concesiones” al “separatismo”
Los barones territoriales manejan circunstancias muy diferentes respecto a la deuda: mientras Carlos Mazón y Juanma Moreno se llevan el segundo y tercer puesto del ranking de comunidades más endeudadas, Isabel Díaz Ayuso no debe ni un euro. Aun así, todos han intentado dirigir sus críticas al PSOE a través de posibles “concesiones” a los independentistas catalanes, intentando lastrar la propuesta dirigida a facilitar las negociaciones de investidura.
Desde Andalucía, el Ejecutivo de Juanma Moreno ha utilizado la fórmula de las “prebendas” que el PSOE podría ofrecer a los partidos independentistas en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica. Con todo, y consciente de sus 25.276 millones de euros de deuda, no ha rechazado una quita general, como sí ha hecho la Dirección Nacional del partido.
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Desde el gobierno madrileño, que no tiene deuda, Isabel Díaz Ayuso ha sido más directa al pronunciar su “no” a la condonación. “Compran el poder con el dinero de todos los españoles, en agravio comparativo con las CCAA que se esfuerzan por no endeudarse”, ha censurado Ayuso a través de las redes sociales.
Compran el poder con el dinero de todos los españoles, en agravio comparativo con las CCAA que se esfuerzan por no endeudarse.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 31, 2023
¿Qué pensarán los autónomos que intentan mantener a flote sus negocios? ¿Las familias que intentan llegar a fin de mes?https://t.co/wesu0QZ3aU
El nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha rechazado que el nuevo modelo de financiación autonómica se negocie en el “cuarto oscuro del separatismo” y también ha denunciado la posibilidad de que haya agravio comparativo. Pero, al igual que Andalucía, y teniendo en cuenta que es la segunda comunidad autónoma con más deuda, ha pedido que sea compensada en su región, que ha sido “injusta y soporíferamente la peor tratada”, ha argumentado.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha mostrado “preocupación” porque el Gobierno pueda realizar esta posible condonación de deuda, lo que considera que sería una medida “inequitativa”. Galicia, con 2.759 millones de euros de deuda, reclama que este perdón se negocie “de forma conjunta” en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
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