Las mujeres tienen menor participación en el mercado laboral que los hombres, más jornadas parciales por cuidado de familiares y salarios más bajos pese a hacer trabajos equivalentes. Los gobiernos han aprobado numerosas normativas en las últimas décadas para paliar estas desigualdades y el Banco de España constata en un estudio publicado este lunes que las políticas públicas han contribuido de manera positiva a cerrar las brechas de género en el mercado laboral.
El documento firmado por los economistas Laura Hospido, Andrés Atienza-Maeso y Juan S. Mora-Sanguinetti revela que aprobar una normativa antidiscriminatoria adicional se relaciona con un aumento medio de un punto porcentual (pp) en la tasa de empleo femenino. De la misma manera, la aprobación de una norma adicional que regule la conciliación aumenta la tasa de participación femenina en 0,5 pp de media.
El estudio analiza por primera vez todas las normas con rango de ley e inferiores sobre igualdad en el empleo aprobadas entre 1996 y 2022, tanto en las comunidades autónomas como a nivel estatal. El resultado es un total de 28.014 legislaciones en 26 años, siendo las más frecuentes las relativas a la discriminación (49,33%); la conciliación laboral (16,62%); la igualdad de género (13,79%) y el acoso (8,99%).
España ha recortado las brechas de género en el empleo desde los últimos años del siglo pasado. Según señala la investigación, una de cada tres mujeres en edad de trabajar estaba empleada a mediados de los 90, mientras que en 2022 esa proporción se había duplicado. Según el INE, la brecha de género en la tasa de empleo en el segundo trimestre de 2023 ha sido de 10,26 puntos, ya que el 57,41% de los hombres de 16 o más años trabajó frente al 47,15% de las mujeres.
La misma tendencia se registra en la tasa de actividad, indicador que se usa para medir el grado de participación de las personas en el mercado laboral. En el segundo trimestre de 2022, el 63,93% de los hombres están activos, frente al 54,29 de las mujeres, una diferencia de 9,64 puntos, según recoge la EPA.
Pese a estas mejoras, los autores perciben que la disminución de ambas brechas “parece haberse frenado”en la última década, como muestran los datos del INE, ya que la brecha de género en la tasa de empleo era de 9,86 puntos hace diez años, en el segundo trimestre de 2013, y la de actividad estaba en el entorno de los 12 puntos.
De hecho, una de las advertencias del estudio es que a partir de determinado nivel legislativo “es de esperar que el efecto producido por la aprobación de una norma adicional sea pequeño” porque “la variable retardada” recoge el efecto de las normas aprobadas con anterioridad. Como consecuencia de esto, el impacto de las normas vinculadas a la no discriminación es mayor en la primera mitad del período analizado que en la segunda.
Además, el papel de la normativa “parece haber sido relativamente modesto” frente a otras variables económicas y sociales, como el crecimiento económico y la maternidad. En concreto, el análisis del Banco de España estima que los aumentos en la tasa de empleo asociados al nivel económico per cápita son “sustancialmente mayores”, en torno a 23 puntos porcentuales, mientras que una mayor tasa de empleo femenina tiene una relación negativa con la natalidad, bajando en 10 pp la proporción de mujeres que conviven con hijos.
Cataluña, la región con más normativa de igualdad laboral
Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de igualdad de oportunidades y todas ellas disponen a día de hoy de un organismo de igualdad que impulsa políticas específicas para las mujeres. Por ello, el estudio analiza qué regiones tienen más normativa y de qué tipo en comparación con otras.
La legislación relativa a la discriminación fue la primera en implantarse, siendo en 2008 las regiones de Galicia y Castilla y León las más avanzadas. En 2022, Cataluña es la región con más normativas de este tipo, entre 105 y 185. Las regiones con menos normativa son Cantabria y Navarra, con tan solo entre 10 y 30 normas.
Respecto a la conciliación, las normas tardaron más en llegar y se generalizaron entre 2016 y 2022. Destacan Cataluña y Andalucía, con entre 105 y 185 normas. Cantabria y Navarra vuelven a estar entre las que menos regulación de este tipo tienen, acompañadas de Galicia, Asturias, Madrid y Murcia.
Las comunidades autónomas que más han conseguido reducir su brecha de género en la tasa de empleo en comparación con hace veinte años han sido las Islas Baleares, Asturias, Cataluña y Galicia, que también registran las brechas más reducidas: 5,87; 7,14; 7,88 y 7,57, respectivamente. La región con más brecha y la que menos la ha reducido es Extremadura (14,56), seguida de Castilla-La Mancha (14,05).
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